El abogado de la familia desalojada este martes de un piso propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla (Emvisesa), tras haber entrado en él por la fuerza en junio de 2013, ha culpado del conflicto y del propio desalojo a que "no se adjudican las viviendas protegidas" con las que cuenta el Ayuntamiento hispalense para solucionar las necesidades de familias en situación de exclusión social.
Se trata del caso de Rosario F.P. y sus hijas de 14 y 20 años de edad, quienes en junio de 2013 ocuparon sin título alguno la vivienda correspondiente al 2B del portal 2 del número 137 de la calle Medina y Galnares, propiedad de Emvisesa. La denuncia de la empresa motivó unas actuaciones incoadas por el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, que este martes ha consumado el desalojo a través de la Policía.
Según Emvisesa, después de ocupar la vivienda, esta mujer solicitó la adjudicación de la misma con una renta mensual de 40 euros, extremo denegado por Emvisesa porque "la adjudicación de la misma debe realizarse por el procedimiento legalmente establecido".
La mujer, siempre según Emvisesa, "indicaba que la vivienda había estado vacía desde hacía dos años", contestando la sociedad municipal que como vivienda protegida en régimen de alquiler, este piso tuvo inquilino "hasta diciembre de 2012", seis meses antes de la llegada de Rosario F.P., y estaba siendo "puesta a punto" para una nueva adjudicación.
FAMILIA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Dado que se trataba de una unidad familiar "apta para optar a las viviendas sociales municipales que se adjudican por baremo", le habría sido ofrecida una de ellas sin que mediase supuestamente contestación alguna, toda vez que en efecto el 9 de abril Emvisesa le ofreció "una vivienda en régimen de alquiler" en el número 38 de la avenida de Andalucía, según un documento de Emvisesa recogido por Europa Press y cuyo recibí firmó la aludida el 14 de abril de este año, con su rúbrica y DNI.
José Manuel Carrión, abogado de esta mujer, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que la oferta esgrimida por Emvisesa "no tiene ninguna realidad documental" y que carece de "noticias de ese ofrecimiento", lamentando en cualquier caso que se ofrezca un trasladado "por capricho" desde el barrio de San Jerónimo a la avenida de Andalucía. "¿Acaso ha sido adjudicada la vivienda?", ha preguntado retóricamente el abogado en cuanto a la vivienda protegida desalojada, dado que según explica la hija menor de Rosario F.P. está escolarizada en el barrio de San Jerónimo.
A su juicio, el conflicto y el desalojo derivan de que el Ayuntamiento hispalense "no adjudica las viviendas" protegidas con las que cuenta y este caso supone el "aguijonazo" del PP en materia de vivienda protegida. "A ella no se le había comunicado nada de que tenía que marcharse antes del día de hoy", ha criticado anunciando que la familia no descarta "una denuncia".
