El próximo 14 de febrero se cumplirá el segundo año del derribo de las casetas de la playa de La Casería y, casi doce meses después, poco o nada se sabe del proyecto de regeneración de la playa que motivó que Costas eliminara de un plumazo uno de los santos y señas de esta zona de San Fernando.
Actualmente sólo se mantienen allí los dos negocios de restauración que se ubican a pie de playa como son La Corchuela-Casa Muriel, que actualmente mantiene cerradas sus puertas temporalmente y se espera que reabra en Semana Santa, y el mítico Casa Bartolo-Cantina El Titi.
Pues bien, en el caso de este último la concesión que tiene concedida para ocupar los terrenos que ocupa desde 1954 finaliza este año 2024, es decir, coincidiendo con su 70 aniversario.
Su propietario, Bartolo Muñoz Pérez, ha señalado a 7TV San Fernando que cuentan con un derecho para “poder prorrogar de nuevo la licencia y estamos arreglando papeles para que nos den la concesión por algunos años más”.
Bartolo confía en que “nos podamos quedar en este enclave que es un lugar típico de San Fernando, un sitio rústico de toda la vida”.
Fue en el año 2020 cuando se conoció que la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico inició el procedimiento de recuperación posesoria con la intención de acabar con todas las construcción que se localizaban en la zona de dominio público marítimo terrestre, previo paso para afrontar un proyecto de regeneración de la playa que se remontaba a tiempo inmemorial, pero que nunca llegaba –y sigue sin llegar-.
La decisión de Costas provocó de inmediato la alarma y el rechazo de los afectados, vecinos de La Casería y de buena parte de la población de San Fernando, dado que se había convertido en un lugar icónico de la localidad isleña y uno de los más visitados por sus peculiares casetas de colores, además de la gastronomía que se degustaba allí en plena orilla de la playa.
Un amplio rechazo que provocó incluso que el Ayuntamiento de San Fernando instó a Costas que se paralizase el proceso y, por ende, los derribos. Sin embargo, cayó en saco roto y ni la declaración de interés público de la zona que aprobó el Pleno tuvo efecto, llevándose a cabo el pasado año en el mes de febrero.
