El juicio contra tres hombres acusados de quedarse con más de 650.000 euros que la empresa chipriota Emed Mining aportó para financiar el Proyecto Industrial Minas de Riotinto (Huelva) entre 2005 y 2007, suspendido en mayo de 2019 porque el testigo principal no se presentó, empieza este lunes.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar durante tres días a C.E.R.C., L.A.F. y L.A.B., para cada uno de los cuales la Fiscalía pide dos años de cárcel por un delito societario o tres por apropiación indebida, así como el pago de una multa de 665.718,91 euros y una indemnización por la misma cantidad para la compañía y su filial española, Emed Tartessus.
En octubre de 2008 ambas adquirieron el 100 % del Proyecto Riotinto y explotaron la mina bajo la denominación de Atalaya Mining hasta que el Tribunal Supremo anuló la autorización ambiental en abril de 2019.
C.E.R.C. era el administrador y apoderado de Inmoinversión Eurogroup (IEG) y nombró a L.A.F. y L.A.B. administradores mancomunados de Mantesur Andévalo (MSA), participada por IEG en un 99 % de su capital social.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los acusados "acordaron apoderarse de parte de los fondos" con que Emed pensaba financiar su participación en la futura apertura de la mina onubense, de acuerdo con un contrato que la obligaba a aportar 250.000 euros al mes a MSA a partir del 4 de mayo de 2007.
Ese dinero se debía destinar "exclusivamente" al cuidado y mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones pertenecientes a una sociedad participada al 51 % por Emed Tartessus y al 49 % por MSA para controlar el proyecto.
Los acusados, en cambio, dedicaron 251.608,95 euros a "simular pagos de prestaciones y gastos que afirmaban necesarios" para el proyecto pero que en realidad "respondían a gastos y deudas exclusivas de MSA o sus administradores", sobre todo para "diferentes despachos de abogados" a los que habían contratado para impugnar acuerdos sociales y así acceder al gobierno de MSA.
A esa cantidad hay que sumar otros 404.141,01 euros de facturas de 2005 que el consejo de administración de MSA "se negó a abonar" porque "no respondían a servicios realizados" pero que los acusados pagaron con fondos de Emed "al acceder a la administración" de la sociedad.
En dos sentencias del 27 de noviembre de 2007 y 8 de febrero de 2008, la Audiencia revocó la impugnación de los acuerdos sociales de MSA, de modo que todos los encausados cesaron en sus cargos en junio de 2008.
La vista oral llegó a empezar el 13 de mayo de 2019, pero se suspendió cuando el tribunal se dio cuenta de que el principal testigo, el contable que elaboró el informe en el que aparecen los gastos objeto de la denuncia, no se encontraba en la Audiencia a pesar de que había recogido su citación en abril de 2018.
Antes de esa nueva suspensión, los abogados de C.E.R.C. y L.A.B. solicitaron la nulidad, entre otras razones porque no les fue notificado el auto de apertura de juicio oral, a lo que la fiscal replicó que ese documento se entregó a su procurador.
Al juicio tampoco se presentó L.A.F., declarado en rebeldía y huido de las autoridades.
