El Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) no admitirá ofertas de préstamos para inversiones municipales que sean presentadas por entidades financieras que no hayan comunicado su adhesión al 'Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual', establecido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
Así lo ha manifestado este viernes el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, quien ha presentado un programa de ayuda a las familias en proceso de desahucio hipotecario en el que se contemplan, además de ésta, 23 medidas municipales más para apoyar a las familias de la localidad a mantener su vivienda.
El alcalde ha establecido en seis etapas el itinerario de problemas que pueden padecer las familias de Palma del Río, y que es una cuestión que preocupa especialmente al equipo de gobierno, porque "cuando se produce tiene unas consecuencias nefastas". Asimismo, el alcalde ha expuesto lo que será un programa base que se irá actualizando conforme a la normativa estatal y autonómica, que contempla tanto acciones a poner en marcha directamente por el Ayuntamiento como peticiones a otras administraciones, y que nace con el objetivo de que ninguna familia palmeña se vea obligada a abandonar su vivienda única y habitual, o que al menos pueda disponer de otra.
Entre las 24 medidas que el equipo de gobierno va a poner en marcha, hay que destacar algunas como son poner a disposición de las familias afectadas a tres técnicos municipales --informador de Consumo, asesora jurídica de Urbanismo y Vivienda y asesora jurídica de Igualdad--, para prestarles servicios de orientación legal, de información de los recursos a su alcance, o de acompañamiento durante todo el itinerario del proceso de desahucio hipotecario.
Además, se contemplan acciones como intermediar con las entidades financieras para reestructurar el préstamo hipotecario, negociar la dación en pago, o en el supuesto de pérdida de la propiedad, negociar para que la familia pueda continuar habitándola mediante un alquiler social. También se creará un plan de vivienda municipal, un programa de alquiler de viviendas deshabitadas y una bolsa de viviendas en alquiler, y se colaborará con la Junta de Andalucía en la expropiación forzosa para dar cobertura a personas en especiales circunstancias de emergencia social, y en el Registro de Viviendas Deshabitadas para facilitar su efectiva ocupación.
Del mismo modo, se aplicará un recargo del IBI de naturaleza urbana para aquellas viviendas que se declaren deshabitadas, y por contra, se subvencionará dicho impuesto a las familias que tengan que abonarlo hasta que la entidad financiera se haga cargo, y se sufragará parte del coste por alquiler social.
El Programa igualmente contempla una serie de acciones a realizar por otras administraciones, abiertas a la participación ciudadana y a las aportaciones del resto de opciones políticas. En este sentido, al Gobierno central se le piden nueve acciones, entre las que se incluyen la obligatoriedad de estar todas las entidades financieras acogidas al 'Código de Buenas Prácticas', la adaptación de la normativa española a lo sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo relativo a los desahucios, la redefinición del umbral de exclusión social, puesto que son excesivamente restrictivos y dejan fuera a una gran parte de los afectados, o la regulación del tipo de interés máximo para la hipoteca de vivienda única y habitual.
PETICIONES A LA JUNTA Y DIPUTACIÓN
Por otro lado, a la Junta de Andalucía se le pide la reactivación del Programa de Rehabilitación de Viviendas que, según el concejal de Urbanismo, José Gamero, ha dado unos "magníficos" resultados y ha permitido permanecer en su vivienda a muchas familias palmeñas que de otra forma se habrían convertido en demandantes de vivienda social, y también apostar enérgicamente por las Agencias de Fomento del Alquiler. Por último, a la Diputación Provincial se le pide que preste apoyo económico y técnico de forma directa a los ayuntamientos.
