Ante el temor de que Cádiz pudiera sufrir el fenómeno de la turistificación, que ya soportan otras poblaciones en el territorio nacional, como es el caso de Madrid, desde el Ayuntamiento de Cádiz se trabaja en “un proyecto de regulación” que evite el crecimiento descontrolado de este tipo de viviendas con fines turísticos y “lo que es un beneficio para la ciudad: económico y social, acabe siendo un perjuicio”. Con esta tajancia aseveraba a Viva Cádiz, el delegado de Urbanismo, Martín Vila, cuáles son las intenciones municipales, teniendo en cuenta que el objetivo es “alcanzar una regulación de la oferta turística que sea sostenible y continuada, y que no acabe de forma abrupta o en colapso”, a la vez que no provoque la subida del precio el alquiler.
El equipo de Gobierno, tras desarrollar el mapa de viviendas vacías, que “ya hacía una primera aproximación, inició el estudio para analizar en profundidad la situación actual en cuanto a número de apartamentos turísticos, viviendas turísticas, hoteles, así como las plazas que se ofertan, así como su situación, dentro del plano de la ciudad.
Los datos del estudio ofrecen un mapa por sectores, distribuido en 30 zonas en la ciudad, en las que se calibrará cuál de ellas soporta una mayor carga turística, en comparación con las viviendas residenciales y la población que acoge.
Tras el diagnóstico, ahora hay que dar un paso más, según Martín Vila, que hará referencia a la propuesta de regulación: “Para ello hay que determinar la capacidad máxima de acogida en cada una de estas zonas urbanas”. Ese máximo no se podrá traspasar.
El edil de Urbanismo se ha reunido con distintos colectivos y entidades que conforman el Observatorio Municipal de la Vivienda, que van desde las administraciones, a los colegios de arquitectos, trabajo social, asociaciones de vecinos o gestores de VTF y otros colectivos sociales. En dichas reuniones se aborda el punto de vista económico, urbano, social y ambiental para cuantificar esos máximos.
Junto a esta división/control de la ciudad, la futura regulación “podría incorporar medidas como la apertura de las viviendas con fines turísticos en las primeras plantas (baja y los dos primeros pisos) de los edificios donde se ubiquen para conseguir una mejor relación con el vecindario; o que se propicie que los apartamentos turísticos utilicen aquellos edificios que, por contar con una protección especial dentro del PGOU, difícilmente puedan adaptarse como uso residencial, mientras que los solares hoy vacíos se dedicarán exclusivamente para este último tipo de viviendas”. También se plantea la posibilidad de que entre tipos de alojamiento se diferencie y que dentro de ese límite turístico “se priorice la VFT sobre el Apartamento Turístico ya que el reparto de la propiedad apunta a que la VFT suele responder no a inversiones foráneas sino a pequeños propietarios locales, lo que permite que la economía que genera el alojamiento turístico se quede en la ciudad”.
Se pretende que desde el estudio analítico se regule el fenómeno garantizando que la oferta turística sea sostenible económica, ambiental y socialmente; evitando que colapse o que incida en el incremento del precio del alquiler. Las competencias en materia de regulación de alojamiento turístico son de la CCAA, pero las competencias urbanísticas son municipales y desde el planeamiento urbanístico – y si es preciso se tramitará una modificación de PGOU o se incluirá en la revisión - “estamos trabajando a regular el fenómeno para garantizar desde el Ayuntamiento el derecho a la ciudad, y una oferta turística sostenible en lo económico, social y ambiental”.
Un hecho que solapa con el trabajo de Procasa, a la hora de “elaborar un Plan Municipal de Vivienda con un paquete de medidas para mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad”.
