La organización Greenpeace ha llevado a cabo una espectacular protesta para denunciar la venta ilegal de armas a Arabia Saudí y la ha llevado a cabo en el VI Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, Homsec, que se celebra en IFEMA, Madrid. Concretamente querían mostrar su rechazo a la operación de venta de corbetas españolas a Arabia Saudí a través de Navantia.
Al respecto, activistas de la organización han desplegado varias pancartas en el stand de la empresa Navantia con el lema ‘Armas marca España para matar civiles’ y ‘Vender corbetas a Arabia Saudí es ilegal’, ya que como explican en una nota remitida a los medios “los barcos de guerra españoles pueden ser utilizados para crímenes contra la población civil y violaciones de los derechos humanos en Yemen”, al tiempo que afirman que “la venta de corbetas de la empresa pública Navantia al Gobierno saudí incumple la legislación española e internacional”
Greenpeace recuerda que esta operación incumple la legislación española e internacional ya que “existen evidencias de que podrían ser utilizadas por el Gobierno saudí para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario, como el bloqueo naval que impide el acceso de ayuda humanitaria y ha situado a Yemen al borde de la hambruna”.
“Greenpeace quiere recordar que España no puede hacer negocios a cualquier precio. La Marca España se debería vincular al respeto del derecho internacional y no a la complicidad con los crímenes de guerra. La situación humanitaria en Yemen es dramática y España no debe contribuir a agravarla exportando barcos de guerra a Arabia Saudí”, ha declarado Sara del Río, portavoz de Greenpeace.
Recuerdan que “la empresa pública española Navantia, presente en el VI Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, está a la espera de firmar un contrato que incumple la ley. Se trata de la construcción y venta de cinco corbetas del tipo Avante 2200 a la armada de Arabia Saudí” y que se construirían en los astilleros de la Bahía de Cádiz. “Estos barcos de guerra van equipados con cañones de diverso calibre, misiles y torpedos y pueden transportar un helicóptero de combate. El Salón de Tecnologías de Seguridad Nacional (Homsec) tiene el apoyo institucional de diversos Ministerios que, a su vez, son responsables de la autorización de la exportación de estas corbetas a Arabia Saudí”, señala Greenpeace que insiste en recordar a todos ellos que “la autorización de esta operación sería ilegal”.
De llevarse a cabo, “España podría convertirse en cómplice de la realización de atrocidades en el conflicto de Yemen, debido al riesgo manifiesto de que las corbetas puedan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval -que impide el acceso a la ayuda humanitaria- al que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, violaciones todas ellas graves del derecho internacional. Según la ONU, hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen ha provocado casi 7.500 muertes, la mitad de ellas de civiles, y más de 40.000 heridos”, señala.
Y es que, según Greenpeace, “cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas. Según el artículo 8.1 de la ley española sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas ‘cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…) ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.
Por su parte, “el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas -ratificado por España en 2013- prohíbe la venta de armas si, en el momento de autorizar la operación, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”.
En caso de que se firme el acuerdo, “Navantia debe solicitar una licencia de exportación a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), integrada por Presidencia, Interior, Exteriores, Economía y Competitividad, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas e Industria, Energía y Turismo, que deberá estudiar el caso y, eventualmente, conceder o denegar la licencia en una de sus reuniones mensuales, en virtud de lo establecido en la legislación española y el derecho internacional”.
La responsabilidad de Navantia radica, según Greenpeace, “en que cualquier empresa que proporcione material o equipos a usuarios finales que se sepa que están implicados en violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, correría el riesgo de violar estas normas y puede dar lugar a una responsabilidad penal por parte del proveedor”.
Cabe recordar que son muchas las ONGs que están en contra de este contrato, entre ellas Amnistía Internacional. Por otro lado, el alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos, defiende el contrato y la venta de estos buques de guerra a Arabia Saudí escudándose en el drama del desempleo que se vive en la Bahía de Cádiz.
