De esta forma salió al paso Correro a las declaraciones realizadas a EL FARO por Peinado, en las que afirmaba que en el caso de los búnkeres “es cierto que no cuentan con una especial protección por parte de la Consejería de Cultura” de la Junta de Andalucía.
Obligación por ley
Sin embargo, según Peinado, la Delegación Provincial “ha propuesto la inclusión de los búnkeres de la comarca en el inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz para que, en un futuro, se garantice su protección”.
Al respecto, el presidente de La Trocha aseveró que “el inventario ya fue elaborado por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, al cual pertenezco, y ya ha sido entregado, pero no a petición de la Delegación Provincial de Cultura, sino por existe la obligación, por ley, de inventariar todos los búnkeres al estar declarados BIC, dentro del Plan Nacional de Castillos de 1989, acogiéndose a la Ley del 22 de diciembre de 1949”.
Los búnkeres “fueron construidos entre 1939 y 1940 enmarcados en el mismo plan de Defensa, por lo que el Plan Nacional de Castillos acoge a todos los que fueron realizados en el siglo XX”.
Por tanto, La Trocha “está dispuesta a llegar hasta el final de su denuncia ante la Fiscalía” porque Correro incidió en que “la destrucción del búnker del arroyo del Tiro se realizó por orden de Sánchez Rull y supone un atentado contra el patrimonio andaluz y un menosprecio a la memoria histórica”, concluyó.
