El 5 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 34 años consume alcohol irregular, es decir que está adulterado o que ha sido adquirido a través de puntos de venta ilegales, según ha mostrado un estudio realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos (ThinkCom), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y dirigido por el director de la Cátedra Comunicación y Salud, Ubaldo Cuesta.
Se trata de un porcentaje "llamativo" si se tiene en cuenta que, entre otros aspectos, está influido por la crisis económica y la falta de poder adquisitivo que hace que la población, y especialmente los jóvenes, recurran al alcohol más barato, a pesar de que tenga altas probabilidades de estar adulterado o de que no haya sido vendido en el comercio legal.
El principal problema es, según ha comentado el experto, que esta práctica está produciendo un elevado fraude fiscal, una competencia desleal y un alto coste sanitario al Estado como consecuencia de las intoxicaciones que se producen con el consumo abusivo de estas bebidas.
Todo ello, advierte Cuesta, se agrava aún más si se tiene en cuenta que en España actualmente se consume 163 millones de litros de alcohol al año, lo que representa 1.600 millones son cubalibres, 50 millones copas de licores fuertes y 155 millones de licores de fruta.
Además, el estudio también ha mostrado que el 50 por ciento de la población reconoce haber consumido alcohol de alta graduación en el último año, y que más del 60 por ciento admite haber ingerido bebidas alcohólicas en el último mes, especialmente los fines de semana y en forma de atracón.
"La crisis está generando un 'carpe diem', es decir, la idea de que no hay nada peligroso y esto deriva a que haya una cierta permisibilidad en estas prácticas. De hecho, el 40 por ciento de los jóvenes no percibe problemas éticos al comprar en sitios ilegales", ha comentado el experto.
Por este motivo, Cuesta ha destacado la necesidad de que las autoridades incrementen las medidas de inspección y de control y de que, al mismo tiempo, se fomente la corresponsabilidad social que, según ha explicado, consiste en educar "entreteniendo" a la sociedad sobre estos peligros.
Dicho esto, ha informado sobre algunas prácticas ilegales como, por ejemplo, la manipulación de los precintos de las botellas o el borrado de los códigos de control. En este sentido, ha denunciado que la estampilla fiscal "no es segura" y ha subrayado la importancia de luchar contra la falsificación y manipulación de etiquetas y precintos.
"Hay que mejorar las medidas de control y enseñar a la gente que hay que fijarse en el etiquetado. Además, hay que recordar que el fraude fiscal puede ser también un delito de salud pública", ha recalcado el experto para zanjar avisando de que, también, están aumentando los policonsumos de sustancias ilegales como consecuencia de la "falta de percepción de riesgo" y del 'carpe diem'.
