Los grupos del Congreso han acordado respaldar la proposición no de ley de CiU que insta al Gobierno a ampliar el Plan de Pago a Proveedores al Tercer Sector, con el objetivo de que el Estado adelante el abono de deudas de las comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar su desaparición.
Esta iniciativa, que ha sido votada por puntos, ha contado con el respaldo de PP, PSOE, PNV y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), según han confirmado sus portavoces parlamentarios durante el debate de la iniciativa.
Así, se reclama al Gobierno que impulse, en el plazo de tres meses y conjuntamente con las comunidades autónomas, una nueva ampliación del Plan de Pagos a proveedores.
Alternativamente se propone también establecer medidas que favorezcan de forma prioritaria el pago de deudas de las administraciones territoriales con entidades sin ánimo de lucro, derivadas de los convenios entre la administración y las entidades privadas, cuyo objeto esté excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado y de aquellos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión cuando el deudor es una comunidad autónoma.
Además, la portavoz del PP en esta iniciativa, Teófila Martínez, se ha comprometido a estudiar la aplicación de subvenciones al tercer sector tal y como reclama el Grupo Catalán.
En su intervención, la también alcaldesa de Cádiz ha recordado que el Gobierno ha inyectado 69.000 millones de euros para el pago de proveedores en tres decretos, a la vez que ha remarcado que el 80 por ciento de los ayuntamientos son los que financian los servicios sociales.
"Me sorprende que se siga hablando de esto cuando en Andalucía han dejado a cero las partidas para familias con dificultades y ahora haya un plan para darles una comida. Basta ya porque quienes les están financiando son los ayuntamientos. Este problema de la financiación de las políticas sociales se tiene que resolver", ha avisado.
LAS ONG APENAS PUEDEN SOBREVIVIR
Con esta iniciativa, Campuzano pretende movilizar recursos a favor de las entidades sin ánimo de lucro que están pasando por una situación "muy difícil" pues se ven sin fuentes de financiación como consecuencia de la crisis.
"Hay una deuda enorme de las administraciones públicas que están hipotecando el presente y el futuro de este tercer sector y, si no movilizamos recursos, buena parte de ese tejido asociativo se verá obligado a cerrar", ha recalcado y por ello quiere movilizar al Estado para que salga al "rescate" del Tercer Sector.
Por su parte, Albert Soler, del PSOE, ha defendido en su apoyo a esta iniciativa que su grupo parlamentario está "absolutamente sensibilizado con este problema" y advierte de que las ONG apenas puede sobrevivir por las deudas del Gobierno.
De hecho ha recordado que la Defensora del Pueblo instó al Gobierno a incluirlas en el pago a proveedores. "Este tema ha dejado de ser un problema para pasar a ser una emergencia", ha lamentado.
Mientras, el portavoz económico de PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, apoya la iniciativa de CiU y ha criticado la desatención que sufren las ONG, que prestan una atención a los servicios públicos a unos sectores "débiles y vulnerables" por sus propias situaciones. Con ello, ve preciso minimizar el impacto negativo por los retrasos en los pagos.
Joan Coscubiela, de IU-ICV-CHA, comparte las razones propuestas por CiU sobre el pago de deudas al tercer sector ante esta situación "insostenible" y espera que "si Wert tiene dinero para financiar la españolización de los niños catalanes no lo tenga para el pago de los atrasos de las ONG".
"Si no me gustaría que el Gobierno dijera a qué responden estas prioridades", ha avisado, al mismo tiempo ha pedido a CiU, en palabras de las ONG, "que tendría algo más de autoridad si su comportamiento en Cataluña fuera más acorde".
Teresa Jordà, de ERC, ve "urgente" que las administraciones ayuden a las ONG con sus ayudas públicas puesto que son entidades que libremente apuestan por una sociedad solidaria por encima de los beneficios que pudieran generar sus actuaciones y por ello plantea modificar la Ley de contratos públicos para que la financiación de éstas no se vea perjudicada.
Desde Compromis Equo, Joan Baldoví propone introducir en una enmienda que se garantice la viabilidad de las arcas públicas para las ONG y ha tachado de "despropósito" económico y financiero que multiplicará la deuda de los ayuntamientos. "Es un regalo envenenado a las comunidades", ha puntualizado.
Finalmente, Álvaro Anchuelo, de UPyD ve difícil oponerse a esta iniciativa al tratarse de un "tema sensible" y "dramático", pero ve factores "inquietantes" en la misma. Por eso critica que CiU sí haya encontrado recursos para temas "identitarios" y no para las ONG. "Es cuestión de prioridades aunque sea una causa compartida", ha recalcado en su intervención y propone por ello que se pague inmediatamente a las entidades que el Gobierno central adeuda.
