La plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, ha presentado este viernes un escrito al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga la causa por el brote de listeria producido el pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, en el que pide que el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, declare como testigo con el objeto de esclarecer quién tiene las competencias en materias de supervisión de las empresas alimentarias.
Todo ello después de que la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en Magrudis, haya declarado este viernes en el juzgado en calidad de investigada y haya precisado que para hacer sus inspecciones se tiene que basar en un reglamento 822/2004 y, en base al mismo, "la Junta de Andalucía da unas instrucciones".
A preguntas únicamente de la juez, ya que se ha negado a responder a las demás partes, esta veterinaria, dependiente del servicio de Consumo del Ayuntamiento, ha precisado que la "supervisión" no la hace el ente municipal, sino que la Junta hace "anualmente una plan de inspección y otro de supervisión", y se lo presenta al Consistorio.
Según reza en el escrito, formulado por el letrado de la plataforma, Germán Grima, al que ha tenido acceso Europa Press, esta parte ha recordado que el consejero "hizo declaraciones en los medios de comunicación y dijo que las competencias las tenía asignadas el Ayuntamiento de Sevilla".
Por este motivo, esta parte pide esta testifical, así como a los técnicos y responsables de la Junta de Andalucía en materia de sanidad, también en calidad de testigos, que hayan intervenido en esta alerta sanitaria con el fin de esclarecer los protocolos de actuación llevados a cabo por ambas administraciones.
A su vez, solicita en su escrito que también preste declaración, pero como investigada, la compañera veterinaria de la que ha declarado este viernes por los posibles delitos cometidos por la misma como cooperadora necesaria, coautora o cómplice.
Esta parte se refiere a la compañera de esta funcionaria, la cual ha declarado que dos días antes, fue a la empresa y "cogió las muestras de los productos de las instalaciones, las inspecciona y ordena el cese de la actividad de elaboración de carne mechada, chicharrón y lomo, es decir, de los productos de horneado", al tiempo que "aconsejó que se limpiaran y desinfectaran porque únicamente se habían recibido tres lotes y se pensó que en lugar de listeria podría tratarse de un brote de salmonella, que es lo lógico en verano" y el día 16, que es cuando va ella, "es cuando los trabajadores empiezan a limpiar".
Tras sus declaraciones, esta parte "tiene aún mas sospechas de las prácticas y del descontrol que hubo por parte del Ayuntamiento de Sevilla en la supervisión de las empresas alimentarias en estos años y en este caso en concreto de Magrudis con el ocultamiento de posibles pruebas".
De igual forma, esta parte hace hincapié en la declaración de esta veterinaria en la que reconoce que el Ayuntamiento de Sevilla "tiene a nueve veterinarios en activos para Sevilla, de los cuales, cuatro están de baja, siendo imposible las tareas de supervisión de todas las empresas", así como que "la supervisión no la hace el Ayuntamiento, sino que es la Junta de Andalucía quien anualmente realiza un plan de inspección y otro de supervisión y se lo presenta al Ayuntamiento de Sevilla".
SISTEMA DE AUTOCONTROL
Además, examinada la instrucción, existe una transcripción telefónica fechada el 5 de septiembre de 2019, entre Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, y la compañera de la declarante, en la que, por sus indicaciones, le pide que le envíe el control de plagas, mantenimiento de instalaciones, el de trazabilidad, el de mantenimiento de la cadena de frío y el de especificación de suministros de proveedores. "Éste le precisa que está dentro del sistema de autocontrol y ella le indica que no aparece".
Por todo ello, esta parte, "ante el indicio más que fundamentado de que ambas incurren en el mismo delito contra la salud pública, ya sea como cooperadoras necesarias, coautoras o cómplices", ha pedido la declaración de esta funcionaria como investigada.
Cabe recordar que tanto Sandro José Marín Rodríguez como su padre, el 'administrador de hecho' de la empresa, José Antonio Marín Ponce, siguen en prisión provisional por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
