La jueza de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, que investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, ha citado a declarar para el próximo 18 de febrero en calidad de investigado al concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera (PSOE).
En una providencia, con fecha de 31 de enero y a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza instructora acuerda, "visto el resultado de las diligencias practicadas", citar a declarar en condición de investigado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, para el próximo día 18 de febrero a las 11,00 horas.
De otro lado, la magistrada María de los Reyes Flores, ha decidido librar oficio a la Brigada Policial actuante a fin de que emita informe a la mayor brevedad sobre la cámara de grabación que consta instalada en la entrada de la zona de llegadas del aeropuerto de Sevilla y de la pantalla que refleja dichas grabaciones en la sede de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST), haciendo constar el campo de grabación de la misma, horario de funcionamiento y control o en su caso custodia de las imágenes captadas, a los efectos de adoptar las medidas oportunas en atención de lo previsto en la ley de protección de datos.
Cabe recordar que la instructora, en esta causa, imputó a la propia Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, como persona jurídica, delitos de "organización delictiva, daños y coacciones".
La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de "amistad" entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, el socialista Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete.
No obstante, Cabrera, que ya prestó declaración como testigo en esta causa, ha negado tal extremo, defendiendo que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".
La defensa de los dirigentes de Solidaridad del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".
En un auto dictado en septiembre, la juez, que también mantiene como investigados en la causa al presidente, Enrique Filgueras, y otros dirigentes como Antonio Velarde o Francisco Ternero, relacionados con las presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto, imputa a la Asociación como "persona jurídica" en los términos de "constituir una organización delictiva que sirve de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto vehículos con conductor --VTC-- como incluso los servicios municipales --Tussam--".
Todo ello, según prosigue la jueza, "en término de haber fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposición de sanciones tanto económicas como de privación de participar en este servicio, monopolizado temporalmente, con unas normas y catálogos de conductas ni publicados ni aprobados en forma alguna".
Igualmente, el auto expone que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi ha dirigido "conductas para la constitución de tales fines contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales". Para la instructora, todas estas conductas "implican un grave perjuicio para el sector del transporte y a la ciudad en general".
INVESTIGACIÓN POLICIAL
Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.
La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de "amistad" entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, el socialista Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete.
No obstante, Cabrera, que ya prestó declaración como testigo en esta causa, ha negado tal extremo, defendiendo que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".
La defensa de los dirigentes de Solidaridad del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".
