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Sevilla

Los franquiciados intentan agredir al dueño de Peluquerías Low Cost

Varios franquiciados de Peluquerías Low Cost presuntamente estafados se han concentrado a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde declaran varios testigos

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  • Protesta de los franquiciados. -

Varios franquiciados de Peluquerías Low Cost presuntamente estafados se han concentrado hoy a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde estaban citado varios de los 35 investigados por un presunto fraude de mas de 3 millones a la Seguridad Social, y han arremetido contra el dueño de la red.

A la salida de éste de los juzgados, los concentrados han intentado golpearle con las pancartas que portaban en las que se leían diversas consignas contra la estafa y le han perseguido durante varios metros profiriendo insultos y gritos contra él.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla investiga un presunto fraude a la Seguridad Social a través de falsos contratos de formación en las Peluquerías Low Cost.

Desde ayer está tomando declaración a 35 personas, entre ellos el dueño de la red y varios administradores así como algunos de los franquiciados cuya denuncia puso al descubierto la presunta trama por la que los dueños de la red establecían las condiciones de los contratos y de los trabajadores en las más de 600 peluquerías.

La Policía informó el pasado octubre de la detención en Sevilla de 37 personas implicadas presuntamente en una red en la que a través de este negocio de peluquerías de bajo coste habrían obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de la Seguridad Social con esos falsos contratos.

Según la Policía, desde el 2015 hasta finales del 2017 los cinco dirigentes de la organización crearon un entramado empresarial con sociedades franquiciadoras y empresas supuestamente dedicadas a formación con la finalidad era lucrarse y beneficiarse de los incentivos y bonificaciones de los contratos de formación y aprendizaje.

La cúpula de la organización seleccionaba a los trabajadores, con experiencia y titulación, e imponían contratos en formación, sin cumplir los requisitos de los mismos, con los que lograban mano de obra ordinaria, lo que suponía un perjuicio grave para los trabajadores, tanto en sus cotizaciones de Seguridad Social como en sus condiciones diarias de trabajo y sueldo.

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