La patronal turística Exceltur ha constatado oficialmente que por primera vez en España la oferta de plazas en viviendas que se alquilan a los turistas superan a las plazas en los hoteles y que esta tendencia se ha acelerado a un ritmo vertiginoso de unos años a esta parte merced a plataformas de intermediación por Internet de la denominada economía colaborativa, como Airbn y Homeaway: ya hay prácticamente un 10% más de plazas turísticas en viviendas que en los hoteles (362.493 frente a 323.113).

Sevilla no escapa a este fenómeno, ya que habría unas 27.500 plazas en viviendas de alquiler para turistas frente a las 22.500 que ofrece el sector hotelero, pero sólo unas 7.000 de aquéllas se habrían inscrito en el Registro instituido por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y tendrían la consideración de viviendas turísticas legales, por lo que 20.000 se hallarían al margen de la ley, sin pagar ningún tipo de impuestos y haciendo desde la economía sumergida una competencia desleal a quienes sí se han registrado y al sector hotelero.

Expulsión de residentes

Como el dinero llama al dinero, al reclamo del éxito de plataformas de intermediación como Airbn, que nació en 2008 y que en tan sólo nueve años copa la mitad de la oferta de viviendas de alquiler turístico, se multiplica la oferta (crece a un ritmo anual cercano al 100%), aprovechando además que nuestro país se ha convertido en el destino refugio de millones de turistas (récord de 75,6 millones en 2016) por las guerras y la crisis de los refugiados en el Mediterráneo oriental.

Estamos introduciéndonos en un círculo cada vez más vicioso: a mayor número de turistas y mayor demanda de alojamiento, más oferta turística en viviendas particulares, en detrimento no sólo del sector hotelero tradicional, sino también de los residentes en, fundamentalmente, el casco histórico de las grandes ciudades, como está ocurriendo en Barcelona, donde la mitad de las viviendas del Barrio Gótico ya no están en el mercado clásico de alquiler porque para sus propietarios es más rentable arrendarlas por días o semanas a los turistas que a un inquilino habitual: pueden ganar hasta cuatro veces más y sin someterse a los dictados de la Ley de Arrendamientos Urbanos ni a la posible morosidad de los arrendatarios.

La consecuencia de este fenómeno, acelerado en los últimos años y que ha empezado a denominarse “turistificación”, es la subida de los alquileres o la reconversión de viviendas hasta ahora en el mercado inmobiliario para uso turístico, con lo que los centros urbanos y sus áreas de influencia se van despoblando de residentes de toda la vida. Estos, incapaces de pagar alquileres más altos ni de competir con turistas dispuestos a pagar cifras de hasta tres dígitos por día, se ven forzados a emigrar hacia la periferia.

Sin regulación

La extensión del alojamiento turístico en viviendas particulares se ve además favorecida por la inexistencia de una norma reguladora a escala nacional. Ante la inhibición del Gobierno, cada comunidad autónoma o cada Ayuntamiento trata de enfrentarse a la nueva situación a su manera, después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidiera en vano al Ejecutivo de Rajoy que clarifique cuándo una vivienda es turística y cuándo no, regule su fiscalidad y seguridad y exija a las grandes plataformas de Internet que no publiciten las ilegales. A título de ejemplo, el presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP y también alcalde de Palma de Mallorca, José Francisco Hila, reveló que el 90% de los alquileres turísticos en su ciudad son ilegales.

Cada ayuntamiento aplica o estudia aplicar su particular estrategia para tratar de frenar la situación o, al menos, de encauzarla. El de Valencia ha planteado una subida del IBI para las viviendas turísticas, pero se encuentra con que habría que definir previamente la tipología de cada inmueble e incluso el periodo de tiempo en que cumple una función diferente.

El de Sevilla aboga por gravar con hasta 250 euros la conversión de una vivienda habitual en otra de uso turístico. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona envió un requerimiento a la plataforma Airbn para que le facilitara en el plazo de quince días la identidad de los propietarios que alquilaban viviendas a los turistas so pena de fuertes sanciones. Como gesto de buena voluntad, ha ofrecido a los 300 propietarios a los que ha logrado sancionar (a una media de 15.000 euros cada uno) una especie de amnistía: les condonará el 80% de la multa si ceden durante tres años sus viviendas al Ayuntamiento con fines sociales, y el total del importe  si la cesión es por un plazo superior.

Impacto económico

Sin embargo, no parece que se pueda poner puertas al campo: las viviendas turísticas no son una moda pasajera y han venido para quedarse porque se han convertido en un boyante negocio. La plataforma Airbn difundió un estudio sobre el impacto económico de su actividad en España en 2016, que cifró en 4.170 millones de euros. Su red asociada de pisos turísticos alojó a 5,4 millones de visitantes (2,5 millones más que en 2015), los cuales se gastaron en nuestro país 3.520 millones de euros, mientras que los propietarios se embolsaron por los alquileres 560 millones (en la cuenta faltan 90 millones, que podrían corresponder a las comisiones cobradas por la plataforma).

Con este panorama no es de extrañar que sólo en Sevilla capital se hayan registrado numerosas viviendas de forma legal para uso turístico en exclusiva y que hayan surgido empresas que se dedican a su gestión, bien en propiedad, bien en nombre de terceros, como Singular Apartments, Puerta Catedral, Genteel Home…y que hayan creado su propia patronal, denominada Apartsur.

El pacto de Amsterdam

Hace dos años y medio, el Ayuntamiento de Amsterdam fue pionero en firmar un acuerdo de colaboración com la plataforma Airbn tras detectar en el periodo previo un gran crecimiento de alojamiento de turistas en viviendas particulares. Una portavoz del gobierno local explicó la decisión con el argumento de que “la economía colaborativa ha llegado para quedarse y no va a desaparecer. Quisimos regularlo -añadió- porque es algo que la gente quiere hacer, porque es algo que no va a parar y porque creemos que es razonable que la gente comparta sus casas de esta forma”.

En virtud de aquel acuerdo, la vivienda que se puede alquilar con fines turísticos por un máximo de 60 días al año y a no más de cuatro personas ha de ser la principal del propietario. A cambio, Airbn recauda para el Ayuntamiento el importe de la tasa turística (del 5%) y a quien opere al margen del pacto se le podrá multar con hasta 18.000 euros. Además, el Consistorio abrió una línea de teléfono para recibir denuncias de los vecinos en caso de ruido excesivo por parte de los turistas u otras molestias y de alojamientos ilegales.

El acuerdo soliviantó a los hoteleros de Amsterdam, pero el Ayuntamiento y Airbn  mostraron con el curso de los meses estadísticas según las cuales las pernoctaciones hoteleras crecieron en un 5,2%, entre otras razones porque la oferta de pisos turísticos no se concentró en el Centro de la ciudad, sino en barrios alternativos, donde el 36% de los ingresos generados se dedicó a afrontar pagos esenciales como el de la hipoteca. Algunos propietarios recaudan hasta 3.000 euros mensuales, y los turistas se dejan en los barrios donde se alojan una media de 179 euros diarios.

Acuerdos similares al de Amsterdam han firmado posteriormente con Airbn ciudades como Lisboa y París, donde la plataforma recauda la tasa turística para los ayuntamientos y éstos permiten el alquiler de viviendas con fines turísticos durante una parte del año, que oscila entre dos y cuatro meses. El Gobierno británico también ha aprobado una ley que permite a sus ciudadanos alquilar su vivienda por un máximo de tres meses al año, por entender que millones de visitantes quieren vivir una experiencia como la de los nativos y que para ciudades como Londres se abre una gran oportunidad de adaptarse al estilo de vida del siglo XXI.

Amsterdam, París, Lisboa, Londres, Milán….han aplicado la máxima de “si no puedes con tu enemigo, únete a él”.