La juez Patricia Fernández Franco, que desde el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, da cuenta en una reciente providencia de diversa documentación e informes entregados por la Junta de Andalucía, exponiendo que de dichos documentos "no se desprende nada relevante que desvirtúe la necesidad de continuar con la investigación".
A través de una providencia dictada el pasado 10 de junio y recogida por Europa Press, la juez da cuenta de que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la administración andaluza ha entregado al juzgado, con relación al mencionado concurso y la adjudicación resuelta en favor de México Minorbis, el ya conocido informe de la Intervención delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que avala dicha adjudicación, así como un informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, las bases del concurso, un anexo con los criterios de valoración de la primera fase, los criterios de la segunda fase y el "informe de la comisión técnica de la segunda fase".
En su providencia, la juez expone que "gran parte" de esta documentación "obra ya incorporada con carácter previo a los autos", manifestando que "del contenido de la misma no se desprende ninguna circunstancia relevante que desvirtúe la necesidad de continuar con la presente investigación".
OTRA VEZ LA MINA DE AZNALCÓLLAR
La causa, como es sabido, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco ha apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ha ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales".
El Gobierno andaluz, de su lado, esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.
LA CATÁSTROFE DE 1998
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.
