Los actuales responsables de la Fundación 'DeSevilla' han vuelto a solicitar al juez que investiga las presuntas irregularidades en dicha entidad que tome declaración como imputado al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su Junta de Gobierno, a los patronos que aprobaron las cuentas anuales de 2008, 2009 y 2010, y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas.

   En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, la fundación realiza esta petición tras analizar el informe pericial elaborado por KMPG Asesores y a fin de conseguir "el adecuado avance y buen fin de la investigación" frente a la actuación de los abogados de los imputados, que "se limitan a presentar escritos y recursos dirigidos únicamente a ralentizar y entorpecer la investigación de los hechos".

   La fundación se refiere, en primer lugar, a los 742.500 euros del expediente 98/08, señalando que "sin la intervención" de la Junta de Gobierno "habría sido imposible la consumación de los hechos delictivos en este expediente".

   En su declaración ante el juez, el interventor del Ayuntamiento José Miguel Braojos aseguró que la Junta de Gobierno Local, que presidía entonces Sánchez Monteseirín, aprobó una subvención de 990.000 euros a la Fundación "a sabiendas" y "sin corregir las discrepancias, observaciones y reparos" que se habían detectado en dicho expediente. De esa cantidad, la fundación cobró 742.500 euros y posteriormente renunció a la subvención, pero no devolvió ese importe ni se inició el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda.

   Según el interventor municipal, en esa ayuda (el expediente 98/08, sobre ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo de Cuba, Nicaragua y Colombia) existía un "reparo fundamental", que consistía en que DeSevilla no había justificado una subvención anterior (el expediente 19/06), por lo que "no se debía haber pagado nada como subvención" en las ayudas siguientes.

   La Fundación 'DeSevilla' dice que, tanto de la declaración del interventor como del informe pericial y el atestado de la Guardia Civil, "se evidencia la existencia de sobrados indicios y datos acreditados para imputar a los asistentes a la Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2011", como son Monteseirín, el ex primer teniente de alcalde y exconcejal de Relaciones Institucionales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) --ya imputado en la causa--, Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez.

AYUDAS SIN JUSTIFICAR

   En relación con los expedientes de subvención 19/2006 y 37/09, la fundación asevera que "basta una simple lectura" de los mismos "para observar claramente su paralelismo con el expediente 98/08 y la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza en torno al mismo".

   El expediente 19/2006, según la fundación, tuvo su origen en un convenio suscrito el 6 de julio de 2007 entre Alberto Moriña, como delegado de Cooperación a Desarrollo, y Domingo Enrique Castaño, como representante de la fundación, siendo Moriña "el proponente a la Junta de Gobierno Local de la aprobación de la concesión de una subvención de cooperación directa por importe total de 150.000 euros para la ejecución de los proyectos que contenía el expediente".

   "Finalmente, las cantidades otorgadas en el expediente 19/06 y en el 98/08 no se justificaron", dice la fundación, que indica que "la falta de justificación del primero de ellos "era uno de los motivos de oposición del interventor a la aprobación del expediente 98/08", dándose la circunstancia de que "miembros de la Junta de Gobierno Local que dieron por concluso este último expediente sin apertura de reintegro son coincidentes, tales como Moriña, Sánchez Monteseirín o Rodrigo Torrijos", lo que "hace si cabe más grave su forma de actuar aún conociendo esta circunstancia".

   Por todo ello, pide al juez que tome declaración como imputados a Alberto Moriña y Domingo Enrique Castaño y que se amplíe la imputación al exdirector general de la fundación Miguel López Adán (IU-CA).

"ASOMBROSO PARALELISMO"

   Sobre el expediente 37/09, que comprende una subvención nominativa a la fundación por importe de 713.315,82 euros de la Delegación de Relaciones Institucionales, la fundación explica que dicha subvención fue aprobada "por vía de urgencia" y a propuesta del primero de ellos en la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2009, la cual estaba presidida por Sánchez Monteseirín, actuando como secretario Torrijos y constando como miembro Carlos Vázquez, ya imputado en la causa.

   "Este expediente tiene un asombroso paralelismo con el 98/08, siendo el mecanismo de actuación de los intervinientes en el mismo idéntico", sostiene la fundación, que concreta que, de la subvención, se abonó el 28 de abril de 2010 el 75 por ciento, es decir, 534.986,86 euros, a pesar de los "informes en contra" del interventor, "que encuentra las mismas objeciones que en el expediente 36/09, a pesar de lo cual la Junta de Gobierno Local aprueba la misma".

   Y es que "los expedientes 98/08 y 37/09 son de la Delegación de Relaciones Institucionales, ambos cuentan con informes negativos del interventor, ambos con solicitudes de aplazamiento de justificación de subvención y ambos con importantes cantidades sin justificar, ni reintegrar a las arcas públicas del Ayuntamiento", sostiene la fundación en su escrito, por lo que pide ampliar la imputación de Torrijos, Carlos Vázquez y Miguel López Adán.

"CONTINUO FRAUDE"

   Sobre otro expediente, en concreto el 19/2008, la fundación dice que se trata de una subvención anterior a la 98/08, "que corrió la misma suerte y que demuestra que el 'modus operandi' ya venía siendo el mismo", por lo que "el modo de proceder en el expediente 98/08 no fue un hecho aislado sino que formó parte de un continuo fraude".

   Así, el expediente 19/2008 parte de un convenio suscrito entre la Delegación de Juventud y Deportes y la fundación con fecha 16 de julio de 2008 para realizar un 'Proyecto de formación con jóvenes saharauis', que fue subvencionado por un importe de 57.000 euros, del que el 75 por ciento, es decir, 42.750 euros, se entregaría a la firma del convenio, siendo ingresado el 22 de agosto de 2008.

   Se trata, nuevamente, de "dinero no justificado y no reintegrado" al Ayuntamiento, por lo que solicita la imputación del concejal delegado de Juventud y Deportes en esa fecha, Manuel Silva, y de su sustituto, José Manuel García.

   Sobre el expediente 85/08, que forma parte de un acuerdo de colaboración entre la Delegación de Participación Ciudadana y la fundación, ascendiendo su importe a 150.000 euros, pide la imputación de la exteniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana Josefa Medrano.

   Asimismo, solicita la imputación de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la fundación --Manuel Copete y los ya imputados Carlos Vázquez y Miguel López Adán-- y, respecto al Patronato de la fundación, considera que los patronos "son responsables del continuo desvío de dinero de la fundación a actividades ajenas a la misma, utilizando técnicas contrarias a una diligente administración o incluso fraudulentas, con el fin de conseguir su ocultación, e igualmente deben responder por el destino ilegítimo que se ha dado a las subvenciones municipales".

   "La responsabilidad de los patronos, por acción u omisión, es clara", ya que "eran conocedores de la evolución de la fundación y a pesar de ellos dan su visto bueno de forma unánime a sus cuentas y gestión", por lo que pide la imputación de los patronos que aprobaron las cuentas anuales correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, entre los que se encuentran Torrijos, Emilio Carrillo, Jon Ander Sánchez, Manuel Marchena o Juan Antonio Gilabert.