El centro de visitantes del corredor verde del Guadiamar, ubicado en Aznalcázar (Sevilla), celebró recientemente una jornada taller destinada a identificar las principales "amenazas" que afronta este recurso natural marcado por el vertido masivo de lodos tóxicos derivado de la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar allá por 1998, y la búsqueda de nuevas soluciones para la recuperación de estos suelos objeto de un fuerte programa de restauración.
Esta jornada, según el último boletín de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, recogido por Europa Press, fue organizada por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la empresa Evenor-Tech; y representantes de los principales sectores implicados en la gestión, estudio y uso del corredor verde del Guadiamar. El encuentro giró en torno a la inclusión del estudio del paisaje protegido del corredor verde del Guadiama en el proyecto europeo Recare (2014-2018), destinado a elaborar métodos para evaluar las amenazas que sufren los recursos naturales.
RECUPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SUELO
El propósito del taller fue, por tanto, crear una plataforma multidisciplinar desde la que identificar las "principales amenazas" y proponer las mejores soluciones para la recuperación de los suelos contaminados del corredor del río Guadiamar. En la jornada participaron más de 30 representantes de la Administración, centros académicos y de investigación, entidades de educación ambiental, asociaciones de agricultores y ganaderos y ONG.
Todos ellos, en ese sentido, abordaron las principales amenazas y los problemas de la zona y evaluaron las posibles soluciones, tecnologías y aproximaciones para la recuperación de las funciones del suelo y la provisión de los servicios ecosistémicos.
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de decenas y decenas de millones de euros de las arcas públicas durante varios años.
EL CONFLICTO SIGUE VIVO
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.
La agrupación México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, resultó adjudicataria de los derechos de explotación de la mina, toda vez que la restante agrupación empresarial en concurso, Emerita-Forbes Manhattan ha impugnado la resolución del concurso internacional acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
ECO INTERNACIONAL
El prestigioso diario británico The Guardian, un referente internacional en materia de información, se ha hecho eco de hecho de la "controvertida" reapertura de la mina de Aznalcóllar. En un reportaje recogido por Europa Press, el diario británico recuerda que los derechos de explotación de la mina, una verdadera 'bestia negra' del ecologismo español, han sido adjudicados a "un consorcio encabezado por Grupo México, una compañía que fue obligada a pagar 150 millones de dólares en los gastos de limpieza derivados de un accidente en su mina de Buenavista, en el estado mejicano de Sonora, el pasado mes de agosto".
