La Fiscalía de Sevilla ha pedido condenas de entre ocho meses y un año de cárcel para diez activistas que ocuparon un inmueble de Sevilla rebautizado como Casas Viejas y cometieron delitos de desobediencia grave y desórdenes públicos.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, afirma que los activistas se resistieron a ser desalojados y se encadenaron a un zulo que habían construido en el inmueble y que presentaba un "riesgo grave de derrumbe y de aplastamiento de los que allí se encontraban".

Los hechos se produjeron el 29 de noviembre del 2007, cuando una comisión judicial se presentó en el inmueble de la calle Aniceto Sáenz de Sevilla para ejecutar una orden de desahucio pero no pudo acceder porque los okupas habían bloqueado y asegurado fuertemente sus puertas.

Cuando a las 9.30 horas consiguieron entrar, se encontraron a los acusados Luis Miguel L.R. y Andrés Z.D. con el brazo encadenado introducido en un tubo encastrado en hormigón, y las acusadas Irene L.B. y María Dolores V.M. estaban en un pozo cavado en el suelo de una de las habitaciones, también con el brazo encadenado en un tubo de hormigón.

Al final del pozo se localizó un pasillo hormigonado de forma rectangular de 4 metros de longitud que finalizaba en una puerta de hierro fuertemente anclada a la pared, y detrás de ella un zulo donde se encontraban los acusados Rubén Iván D.P. y Agustín Gabino T.G., quienes manifestaron "su voluntad de no abandonar la finca y de permanecer en esa actitud pasiva de forma indefinida".

Cuando los bomberos llegaron al lugar, comprobaron que estos dos jóvenes tenían también el brazo encadenado y certificaron que el zulo "se encontraba solo apuntalado y con traviesas de madera en el techo", por lo que existía un "riesgo grave de derrumbe del habitáculo y de aplastamiento de los que allí se encontraban".

Los bomberos decidieron entonces apuntalar el habitáculo, proceso en el que los acusados tuvieron que ser inmovilizados por la Policía "dado el gran estado de agitación que presentaban y las amenazas que proferían de derrumbar los puntales".

De forma paralela al intento de desalojo, sobre las 10 horas del 29 de noviembre del 2007 unas cien personas cortaron el tráfico en varios puntos de las calles Resolana, San Juan de Rivera y Ronda de Capuchinos, desobedecieron las órdenes de la Policía de regresar a las aceras y algunos de ellos "respondieron con agresiones físicas".

Carlos Javier S.E. era quien dirigía y ordenaba a los manifestantes las acciones a realizar y Sergio H.M., Jorge Y.T. y Alicia P.G. "desobedecieron reiteradamente las órdenes de la Policía y participaron en destrozos de mobiliario urbano en la calle Feria", por lo que el fiscal pedirá para cada uno de ellos un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos en el juicio que se celebrará los días 16 y 18 de septiembre.

Los restantes seis acusados se enfrentan a condenas de entre 8 meses y un año de cárcel por presuntos delitos de resistencia.

Este juicio se celebra después de que uno de los okupas, Agustín Gabino T.G., fuese condenado a pagar una multa de 6.000 euros y una indemnización de 1.200 euros por un delito de calumnias al acusar de torturas a la Policía que lo desalojó del edificio.