El miércoles de esta semana está prevista la celebración de la vista oral destinada a resolver la demanda promovida por la constructora 'Sando' contra la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, a cuenta del incumplimiento del contrato por el que los derechos de superficie de diversas parcelas del mercado central fueron otorgados a la filial de 'Sando' 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', unos suelos que está última empresa nunca pudo explotar al no ser trasladadas a los suelos de Majaravique las instalaciones de Mercasevilla.
La fecha de la vista oral figura en un informe sobre el grado y efectos de la "ejecución" del "plan de viabilidad" acometido por la sociedad gestora del mercado central hispalense con medidas como el despido de 129 trabajadores, extremo avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), o la externalización de servicios como los correspondientes a la limpieza, el mantenimiento o la recogida de residuos. En dicho documento, recogido por Europa Press, figura textualmente que "el próximo 19 de marzo está prevista la vista oral de la demanda interpuesta por 'Sando' y en la que reclama 8,9 millones de euros en relación al derecho de superficie otorgado sobre determinadas parcelas".
Al respecto, cabe recordar que a mediados del pasado mes de diciembre, la juez Mercedes Alaya dictó finalmente un auto que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias correspondientes a las irregularidades descubiertas en el concurso público promovido años atrás por Mervasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, precisamente para enajenar estos suelos del mercado central. Y es que la sociedad 'Sanma', filial de 'Sando', fue la vencedora del concurso en cuestión con una oferta económica de 106 millones de euros pese a que concurría al procedimiento una oferta económicamente superior por parte del grupo 'Noga', que se comprometía a pagar 158 millones de euros.
EL CONCURSO DE LOS SUELOS
Según el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado de la juez Mercedes Alaya, los hechos en cuestión ocultan un "mecanismo para la consecución de un concurso fraudulento que beneficiara a Sanma" y "se optó por la fórmula del concurso público propugnada sin el menor debate por Torrijos, pues era una fórmula que permitiría conducir el resultado a la oferta de Sanma, a través de las cláusulas del pliego, de las valoraciones de salida y de las puntuaciones de las ofertas".
En aquel auto, la juez procesaba a un total de 15 personas, entre ellas al ex primer teniente de alcalde y hasta hace poco concejal de IU-CA en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo y los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán.
Los delitos en cuestión señalados por la juez, en concreto, son los de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad cometido por funcionario público en documento mercantil. Además, les acusa de asociación ilícita, ya que todos ellos, con la excepción de Miguel Ángel Millán y otra imputada, "en un momento determinado, se habrían organizado con cierta consistencia y jerarquía en torno a la figura" de el exasesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet "para realizar cada uno su ilícito cometido".
