Un informe sobre el grado y efectos de la "ejecución" del "plan de viabilidad" acometido por la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, refleja que el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 con el despido de 129 trabajadores ha supuesto un coste de 1,96 millones de euros en materia de indemnizaciones. El informe, igualmente, censura las rentas abonadas a los prejubilados del polémico ERE de 2007, al "superar la indemnización que les hubiese correspondido".
Hablamos del expediente de regulación de empleo que, el pasado mes de agosto, supuso el despido de 129 trabajadores de Mercasevilla con indemnizaciones de 20 días de sueldo por cada año de servicio, el mínimo recogido por la vigente legislación laboral. Los despidos, en concreto, comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto, la jornada en la que precisamente entraba en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central, un aspecto de importancia clave a la hora de entender esta reestructuración laboral, pues el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias, extremo que niegan los afectados.
Pues bien, mientras la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene fijada para el 13 de febrero la vista oral correspondiente a la demanda colectiva contra este expediente de regulación de empleo, la dirección de Mercasevilla ha elaborado un informe sobre la "ejecución del plan de viabilidad" acometido para salvar a esta sociedad mixta del déficit estructural que padece. Dicho documento, recogido por Europa Press, expone que el coste total de las indemnizaciones del ERE de 2013 se eleva a 1,96 millones de euros y defiende medidas como esta, y otras tantas, señalando la "obtención de resultados equilibrados". En concreto, el informe explica que el resultado mensual ajustado del pasado mes de octubre de 2013 fue de 11.634 euros positivos frente a las pérdidas de 100.723 euros cosechadas en el mismo mes de 2012.
Respecto al polémico expediente de regulación de empleo emprendido en 2007 con la prejubilación de 40 trabajadores, un procedimiento cuyo coste global supera los nueve millones de euros, el documento en cuestión censura que "los importes abonados a todos los prejubilados", salvo en tres casos, "superan la indemnización que les hubiese correspondido calculada a 20 días por año de antigüedad (*), igual a la aplicada a los 129 afectados del despido colectivo de 2013".
LAS RENTAS DEL ERE DE 2007
Además, el importe señala que las rentas pagadas a 24 de estos prejubilados "superan la indemnización que les hubiese correspondido a razón de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades" y, en 19 de los casos, "superan la indemnización que les hubiese correspondido a razón de 60 días por año trabajado y un tope de 42 mensualidades".
La financiación del expediente de regulación de empleo pactado en 2007 entre la entonces directiva de Mercasevilla y su plantilla ha recaído íntegramente en la compañía al no reconocer la Justicia como válidos los documentos que firmó por aquella época Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, para que la Administración autonómica afrontase el grueso de los costes de estas 40 prejubilaciones.
Este expediente de regulación de empleo, en ese sentido, figura en la investigación que comanda la juez Mercedes Alaya sobre la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual fueron financiados numerosos ERE carentes de justificación o trámite administrativo, incluyendo muchos de ellos la prejubilación de personas ajenas a las propias empresas, así como ayudas directas a sociedades relacionadas con miembros del PSOE andaluz.
