Justo Padilla, que fue alcalde de Guillena (Sevilla) por el PSOE durante 30 años, condenado a 18 meses por un delito de usurpación, ha ingresado hoy en prisión al tener antecedentes de condenas previas por delitos urbanísticos.
Una plataforma de apoyo ha informado de que Padilla se ha personado hoy voluntariamente en prisión a las 7 de la mañana, pero no ha podido ingresar entonces puesto que los documentos que la Audiencia le había proporcionado no eran suficientes.
El condenado ha tenido que esperar a la llegada de funcionarios de la administración de justicia para corroborar la firmeza de la sentencia antes de su ingreso.
Según la plataforma de apoyo, se trata de delitos que no le supusieron un lucro personal y por ello su ingreso en prisión "ha causado un gran estupor e indignación entre la población", por lo que mañana viernes se va a celebrar un acto público en el Salón de la Portuguesa, donde van a comenzar una recogida de firmas pidiendo su indulto.
En junio pasado, Padilla fue condenado a 18 meses de prisión por permitir que un alguacil del Ayuntamiento ejerciese durante tres años como policía local, y como tal instruyese diligencias por delitos graves y compareciese como testigo ante los jueces de Sevilla.
Padilla dimitió en mayo de 2009, después de 30 años en el cargo, cuando tenía abiertas contra él dos causas judiciales por delitos urbanísticos que posteriormente concluyeron en condenas de inhabilitación.
En marzo de 2010 fue condenado a siete años de inhabilitación por su "renuencia" a cumplir la legalidad urbanística y permitir la construcción de un centenar de chalés en el paraje de Los Lagos del Serrano.
En junio de 2010, fue condenado a 3.000 euros de multa y nueve años y medio de inhabilitación como alcalde o concejal por conceder licencias para unas naves en el Polígono El Cerro, calificado como zona verde, pese al informe desfavorable de los técnicos.
En otra causa pendiente, la Fiscalía de Sevilla, por otra parte, ha pedido para él y para dos exconcejales de Medio Ambiente de Guillena una condena de dos años de cárcel por vertidos de aguas contaminadas procedentes del vertedero municipal en el río Ribera de Huelva.
