El colectivo de ciudadanos afectados por el conflicto de las viviendas protegidas del residencial Aldana, ubicado en Tomares (Sevilla) y donde 72 de las viviendas están paralizadas pese a que 50 adjudicatarios anticiparon 1.232.884,5 euros al grupo constructor Ferro, han constituido una asociación para exigir a la promotora --ahora denominada Urbanizadora Rojas S.L.U.-- la devolución de dicha cantidad de dinero, al tiempo que pretenden trabajar "en coordinación" con los adjudicatarios de las 379 VPO construidas en el sector de Entrenúcleos del municipio sevillano de Dos Hermanas, que también están representados en una asociación y sufren "una situación similar".
Así lo ha anunciado el colectivo, señalando que los afectados por esta situación han confirmado que el objetivo de la recién nacida 'Plataforma de afectados por el Grupo Ferro', que tendrá "personalidad jurídica" y carecerá de ánimo de lucro, será "consensuar y planificar acciones que sirvan para presionar a la promotora por la vía mediática, administrativa y judicial".
De esta manera, la plataforma representará a sus asociados a la hora de interponer recursos en los tribunales tanto a nivel individual como colectivo, al tiempo que "se reserva su derecho a organizar las manifestaciones y movilizaciones de protesta que sean necesarias, siempre de forma pacífica y respetando escrupulosamente las leyes".
Según han recordado los miembros de la 'Plataforma de afectados por el Grupo Ferro', la citada promotora no contaba ni con el aval ni la financiación suficiente para llevar a cabo la construcción de las 400 viviendas que proyectaba, lo cual no le impidió recaudar "más de un millón de euros".
Como consecuencia de esta situación, de las 400 viviendas previstas sólo se han construido "tres bloques" más el que concentra a las referidas 72 VPO, en el edificio 'Airén', dentro de la parcela RP-4, cuyas obras, que debían haber concluido en el tercer trimestre de 2011, llevan "paralizadas desde 2010", según el colectivo de afectados, "por un conflicto entre Grupo Ferro y Cajasol a cuenta de la operación de compra de unos terrenos en el desarrollo urbanístico previsto en el sector de Entrenúcleos, en Dos Hermanas".
Aunque, según han subrayado, la Comisión de Vivienda del Parlamento andaluz aprobó recientemente, con los votos a favor de los tres grupos con representación --PP-A, PSOE-A e IULV-CA-- una Proposición No de Ley (PNL) instando a las administraciones autonómica y local a "obligar al Grupo Ferro a devolver a los afectados más de un millón de euros", los propietarios se quejan de falta de "respaldo institucional", así como de estar recibiendo "continuas evasivas" por parte de la promotora.
