Al año siguiente de la clausura de la Expo-92, se produjo en Europa un sonoro caso de deslocalización industrial que estuvo a punto de provocar un conflicto en el seno de la UE entre Francia y Gran Bretaña. Un fabricante norteamericano de aspiradoras decidió cerrar la planta que tenía en suelo francés y trasladarla a Escocia por la perspectiva de obtener mayores beneficios, pese a que llevaba 30 años asentada en el país del Hexágono a plena satisfacción y 600 trabajadores dependían de ella.
El traslado de la producción al Reino Unido fue propiciado además por las centrales sindicales escocesas, que lejos del internacionalismo y la solidaridad proletarios, se comprometieron ante los dueños americanos a trabajar gratis casi una hora más a la semana, no convocar huelgas y hasta que no hubiera aportación alguna al fondo de pensiones durante los dos primeros años de actividad. Pese a las acusaciones cruzadas entre los Gobiernos de Francia y del Reino Unido (el primero llegó a acusar al segundo de “bandido” por “robarle” la empresa) y a la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea, al final las aspiradoras pasaron de llevar el sello de ‘made in France’ al de ‘made in United Kingdom’. Ni siquiera Mitterrand pudo evitarlo.
El precedente de Gillette
Los sevillanos no habían oído en su vida la palabra ‘deslocalización’, pero aprendieron su significado dolorosamente un año después de lo ocurrido en Francia con las aspiradoras. En 1994, para sorpresa general, la hasta entonces considerada modélica empresa de cuchillas de afeitar Gillette anunció el cierre de su única factoría en España, ubicada en Alcalá de Guadaíra. La opinión pública se quedó estupefacta porque la fábrica, con una antigüedad de 27 años, había superado una crisis previa y venía de ganar 700 millones de pesetas. La marca copaba el 75% del mercado de cuchillas de afeitar en nuestro país.
Se cuenta que cuando se le inquirió a la dirección de la empresa cómo era posible que se quisiera ir de Alcalá si ganaba 700 millones de pesetas, extraoficialmente -oficialmente habría sido políticamente incorrecto reconocerlo- la respuesta fue que trasladando la producción a Europa del Este los beneficios superarían fácilmente los 1.000 millones. Y entonces trascendió que la multinacional americana iba a abrir nuevas factorías en Polonia, Turquía y Rusia.
Aquel caso tuvo un gran impacto, por el precedente que suponía: una empresa cerraba en Sevilla no porque le fueran mal las cosas, sino todo lo contrario, porque esperaba obtener más beneficios en otra parte. Y si eso lo hacía una multinacional como Gillette significaba que podía hacer lo mismo cualquier otra.
La historia se repite
La situación que se vivió entonces en Alcalá y en Sevilla fue similar a la de ahora con el cierre de la fábrica de Roca, si bien en este caso la multinacional catalana no reconoce beneficios como en 1994 Gillette, sino pérdidas en el conjunto de España por valor de 30 millones de euros.
Los más de 250 trabajadores de la fábrica de cuchillas de afeitar se movilizaron de todas las formas posibles al grito de “¡Gillette no se cierra!”. El presidente del comité de empresa dijo lo mismo que ahora se está diciendo sobre el cierre de Roca en la misma localidad: “Vamos a luchar por el empleo y la viabilidad de la empresa, y en ello nos dejaremos el pellejo. Esto es un acto terrorista y salvaje contra Alcalá y contra España. Una empresa con beneficios de 700 millones no puede cerrar la fábrica tras chuparle la sangre a los trabajadores”.
La oleada de protestas contra Gillette fue tal que el entonces presidente de la Diputación, el socialista Miguel Angel Pino, pidió que se boicotearan sus productos y planteó que el Comité de las Regiones de Europa investigara si la decisión de la multinacional de cerrar la factoría alcalareña para desviar la producción a otras del extranjero se ajustaba a la legislación vigente. Como se ve, hubo un segundo paralelismo con el momento presente, en este caso la reacción de la Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla de pedir un boicot a los productos de Danone tras otro anuncio similar de esta multinacional francesa de clausurar su fábrica de Sevilla, que da empleo a 85 personas.
Sacrificio de Filomatic
Gillette acabó yéndose de Alcalá de Guadaíra tras alcanzar un acuerdo de extinción de contratos con sus trabajadores, y la campaña de boicot lanzada desde las Administraciones Públicas para que se dejaran de comprar sus productos en España se reveló inútil. Si cuando cerró la fábrica sevillana tenía una cuota del 75% del mercado nacional de cuchillas de afeitar, trece años después aquélla había crecido hasta el 81% (cinco puntos más que en todo el mundo), más el 71% del mercado de las maquinillas, y logró una facturación de 265 millones de euros.
Lo que nadie recordó en aquel entonces es que, previamente, Gillette había realizado una deslocalización interna en el mercado nacional al cerrar la fábrica que su absorbida Filomatic tenía en Barcelona y concentrado toda la producción en Alcalá de Guadaíra, sin que ni el Ayuntamiento de la capital catalana ni la Diputación barcelonesa reaccionaran pidiendo un boicot en Cataluña a las cuchillas y maquinillas de Gillette.
En los casi veinte años transcurridos desde aquel primer caso de deslocalización industrial registrado en la provincia de Sevilla han sido muchas las empresas que, desgraciadamente, han cerrado sus fábricas en nuestra tierra y dejado en la calle a sus trabajadores, sin que tras la frustración por Gillette se volvieran a plantear boicots infructuosos y que por eso mismo habrían incrementado aún más la sensación de impotencia.
Si por cada cierre empresarial, por las razones que hayan sido, los sevillanos hubieran tenido que responder con un boicot, entonces llevaríamos años sin comprar colchones Flex, sin consumir yogures de Yoplait, sin desayunar donuts y toda la gama de bollería de Panrico, sin utilizar los productos de Uralita, sin instalar en fábricas y viviendas los contadores eléctricos de Landis, sin comprar en los estancos las labores tabaqueras de Altadis, sin instalar cualquier producto en madera de Polanco, sin adquirir a partir de ahora aceite envasado por Cargill, etcétera, etcétera.
Nuevos casos
General Dynamics, la matriz de la española Santa Bárbara, que fabrica carros de combate también en Alcalá de Guadaíra, ha perdido 2.130 millones de dólares en el último trimestre por los recortes de Obama y ha reaccionado planteado, entre otras medidas, el despido de 82 trabajadores -casi tantos como Danone- en su planta sevillana. ¿Debe propugnarse que el Gobierno de España deje de comprar carros de combate como represalia?
Los informes Nielsen y de Inlac (‘El sector lácteo como paradigma del problema del valor en la cadena agroalimentaria’) reflejan lo que está ocurriendo con los lácteos y sus derivados (yogures) en España, atrapados por la doble pinza de la caída del consumo debido a la gravísima crisis socioeconómica (6 millones de parados) y el auge de las marcas blancas, más baratas aunque no aporten el valor añadido de la innovación. Dicho de otro modo, se consume menos y de lo que se consume cada vez la cuota de las marcas blancas o de los distribuidores es mayor. Danone, como empresa líder cuya política consiste en defender su marca y no fabricar para terceros, pierde cuota de mercado en nuestro país y a su juicio le ‘sobra’ una de sus fábricas en España, por lo que ha optado por sacrificar la de Sevilla. ¿Debe ser la respuesta el boicot a sus yogures para que pierda aún más cuota de mercado y cierre alguna más? ¿U ofrecerle incentivos desde la Junta -una subvención encubierta- para que no cierre la planta sevillana cuando el conjunto de la compañía ha obtenido en todo el mundo un beneficio de 1.672 millones de euros?
El caso contrario
Renault, otra multinacional francesa, decidió recientemente adjudicar a las fábricas españolas, la de Sevilla entre ellas, la ejecución de su nuevo Plan Industrial -que permitirá crear 1.300 empleos- en detrimento del resto de sus plantas en el mundo, lo cual puede traducirse en el cierre de líneas productivas más ineficientes en otros países. Si la respuesta en el extranjero fuera instar a un boicot a la compañía automovilística del rombo, ello repercutiría en el empleo en la fábrica de cajas de cambio de San Jerónimo. Responder con boicots a las decisiones empresariales no da resultado a medio o largo plazo, como se ha demostrado con Gillette o con los cavas de Cataluña tras el caso Carod Rovira.
Como ha escrito en estas mismas páginas Manuel Alejandro Hidalgo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla no imperativamente debe perder en el juego de las deslocalizaciones, porque igual que existen empresas que se van, otras vienen o expanden su actividad local. “¿Cómo podemos -se ha preguntado- incentivar la localización de empresas en el entorno productivo sevillano? La respuesta -afirmaba- es muy sencilla a la par que complicada: generando ventajas comparativas.... sin el reclamo de bajos salarios, sino de elevadas garantías de un saber hacer cada vez más exigente”. Y es que una empresa que quiera irse acabará yéndose, por más boicots que se le decreten.
El alcalde de Alcalá, Gutiérrez Limones, siempre recordaba que ésa fue la lección que aprendieron en su ciudad tras la deslocalización de Gillette: tenían que generar ventajas competitivas para captar nuevas empresas y por éso decidieron renovar con fondos europeos los anticuados polígonos industriales y apostar por la innovación. Convirtieron la crisis en oportunidad. Si ahora se hallan en la misma tesitura con Roca que en 1994 con Gillette la respuesta debe ser la misma que entonces.
No hay otro camino. Convertir el carro de la compra en carro de combate, como preconiza Espadas con su boicots, no resuelve ningún problema, puede que los encone e incluso que los complique, porque el boicoteador puede ser también boicoteado cuando le llegue la hora. Siempre será mejor concentrar los esfuerzos en captar o crear nuevas empresas por cada una que se nos vaya.
