La Asociación Isbilya 583VPO, de propietarios de vivienda protegida, se manifestarán este sábado a las puertas de la oficina de Bankia en la avenida de la Constitución en Sevilla, para protestar ante la "actitud abusiva", que estos vecinos consideran que la entidad está teniendo en relación a la firma de las hipotecas de sus viviendas de VPO, donde se establecen "condiciones abusivas e irregulares" en dichas hipotecas.

   En una nota, esta asociación ha recordado que este caso "es ya muy conocido en Sevilla, por las continuas manifestaciones y protestas que los vecinos han protagonizado, tanto contra la promotora --Fundación para el Progreso del Sur de Europa, fundación creada por la Confederación de Empresarios de Sevilla--, como con la constructora --Dolmen, ahora Nazarí-- de estas viviendas protegidas, contra las que han emprendido acciones legales, por las numerosas irregularidades cometidas".

   Han explicado que en 2008 fueron adjudicatarios de esta promoción, conformada por tres fases, con un total de 583 viviendas, "que acumulan ya más de dos años de retraso en su entrega, y desde entonces no han parado de luchar".

   Lamentan que "ahora que empiezan a ver la luz tras estos años de incertidumbre, se han encontrado con un nuevo obstáculo, esto es, la hipoteca". toda vez que Bankia, el banco promotor, "está exigiendo condiciones abusivas e irregulares para la firma del préstamo hipotecario, pero se ven obligados a firmar la hipoteca con esta entidad para poder recibir la subvención establecida para las viviendas de protección oficial, que les fue aprobada en su día, vinculada a Bankia, mientras que si decidieran firmar con otro banco, es muy probable que perdieran estas ayudas".

   Indican que las principales condiciones que Bankia les ha exigido son el hecho de que "se impone el pago de una provisión de fondos de 1.500 euros para aquellos propietarios que firmen sin aval y de 3.000 euros para los que si lleven avalista".

   La entidad afirma que "se trata de cubrir las tasas de un 'nuevo impuesto', pero a lo que en realidad se refieren es al impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), del que según la legislación vigente, los compradores de viviendas protegidas están exentos y cuyo pago en el caso de actos con firma de aval, deben correr por cuenta de la entidad bancaria".

   La entidad además "obliga a contratar los servicios de la gestoría Garsa, propiedad de Bankia, cobrando esta unos honorarios de 425 euros, cuando el coste de este servicio suele rondar los 200 euros": y se ha pedido a los propietarios "el pago de dos letras de la hipoteca 'atrasadas', a la firma del contrato, como si se hubiera firmado la misma en el mes de octubre, en lugar de diciembre". En ese sentido, los vecinos han relacionado esta "extraña" petición con el hecho de que en octubre "venciera el préstamo que la promotora contrajo con Bankia".

   Agrega que a todo esto se suma "la celeridad con la que Bankia ha citado a los propietarios para la firma, prácticamente de un día para otro, lo que añade confusión para la persona que va a enfrentarse a una firma tan importante, sin apenas margen para poder informarse y aprovechando la desesperación manifiesta de estas familias por ocupar sus viviendas, tras estos años interminables para ellos".

   Estos propietarios de VPO esperan con esta nueva protesta que "Bankia recapacite sobre la actitud que se está teniendo en este sentido y adquiera una actitud más colaboradora y transparente con estas personas, en la firma de su hipoteca".