La Fiscalía de Sevilla solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 3.600 euros para el que fuera alcalde de Cantillana entre los años 1995 y 2011, José Eduardo Reina (PSOE), y para el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento entre los años 2008 y 2011 Antonio Maqueda Ruiz, por no denunciar más de 100 construcciones ilegales a pesar de los informes desfavorables emitidos por la arquitecta municipal.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el representante del Ministerio Público considera a ambos autores de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que pide un año de inhabilitación, y de un delito de prevaricación urbanística, por el que solicita otros siete años de inhabilitación y el pago de una multa de 3.600 euros.
Asimismo, el fiscal considera responsables del delito de omisión del deber de perseguir delitos a Enrique Barrera Jiménez, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cantillana entre 1995 y 2007, y a Manuel Naranjo Barrera, concejal del ramo entre junio de 2007 y marzo de 2008, para los cuales pide un año de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según sostiene el fiscal, los cuatro acusados "no han denunciado" a las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las más de 100 construcciones ilegales realizadas durante 2007 y 2008 en distintos parajes de la localidad.
Al hilo, pone de manifiesto que las zonas donde se construyeron estas casas ilegales están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección; zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereños de interés ambiental de El Viar, y áreas de conservación prioritaria, todo ello de conformidad a las normas subsidiarias municipales de Cantillana.
"DEJADEZ DE FUNCIONES" DE LOS IMPUTADOS
Los acusados, según el fiscal, "conocían las situaciones de ilegalidad" de las construcciones por los informes desfavorables emitidos por la arquitecta técnico municipal y por una reunión mantenida por la Guardia Civil, no obstante lo cual, "y en dejadez de sus funciones", sólo promovieron expedientes sancionadores o realizaron alguna intervención municipal en relación a 21 parcelas.
No obstante lo cual, los acusados "no comunicaron" la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales o a la Guardia Civil, lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en 40 parcelas, según el escrito de acusación consultado por Europa Press.
En relación al delito de prevaricación urbanística, el fiscal señala que, en junio de 2009, un particular solicitó licencia de obras para la realización de unos boxes en su parcela particular, existiendo un informe desfavorable de la arquitecta municipal, a pesar de lo cual la Junta Local presidida por el exalcalde y por el exconcejal de Urbanismo Antonio Maqueda Ruiz decidió otorgar dicha licencia el 26 de junio de 2009.
