El magistrado presidente del jurado popular por el caso Mercasevilla rechazó ayer un intento de la defensa de tres de los cuatro acusados de eliminar del objeto del veredicto su presunta participación en la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros.
Antes de iniciar sus informes finales, los defensores del exdelegado de la Junta Antonio Rivas, del exgerente de Mecasevilla Fernando Mellet y de la funcionaria Regla Pereira pidieron que se elimine a sus clientes del objeto de veredicto por falta de pruebas, petición que no ha secundado el defensor del cuarto acusado, el exdirector adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce.
El magistrado Ángel Márquez lo rechazó alegando que “hay elementos probatorios suficientes para que lo valore el jurado”.
Por otra parte, la acusación particular del PP ha pedido que el magistrado deduzca testimonio de oficio contra los funcionarios de la Junta que intervinieron en la subvención de 900.000 euros otorgada a la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y que sirvió como argumento para pedir las comisiones ilegales al Grupo La Raza.
Entre las personas que deberían ser denunciadas se encuentra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, según el PP, así como dos ex directores generales de Formación para el Empleo.
El juicio, que comenzó hace dos semanas, escuchó los argumentos a favor de la absolución presentados por la defensa de los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, quienes aseguraron que los empresarios denunciantes del cohecho participaban en un “negocio” en el que “no tenían ninguna intención de denunciar y sólo pretendían que, en vez de dos, les costase uno.
Carlos Galán, defensor de la funcionaria Regla Pereira, ha denunciado el “interés político” que subyace tras el juicio, en el que el PP ha actuado “con deslealtad procesal y mala fe, desde el primer día y hasta los informes finales” con “artimañas y argucias para engañar al jurado”.
José Manuel Carrión, abogado de Mellet, ha pedido la nulidad de la grabación hecha por los empresarios denunciantes, que se hizo “vulnerando la intimidad del despacho profesional” de su cliente, con una grabadora oculta y provocando la conversación incriminatoria.
En la conversación “no había mordida, comisión ni intención de trincar”, como aseguró el fiscal, sino “una negociación para gestionar un negocio”, dijo Carrión. A su juicio, “no se debe satanizar ni sacar de contexto” la fase central de esa grabación, cuando los acusados dijeron que “la Junta colabora con quien colabora”, porque era un hecho que debía existir la colaboración y que si no se abría la escuela los empresarios no tendrían más cursos.
El PP pide deducir testimonio
El abogado que ejerce la acusación en nombre del PP en el caso del presunto intento de cohecho en Mercasevilla ha solicitado al magistrado presidente que, de oficio, deduzca testimonio contra los funcionarios de la Junta por un presunto delito de prevaricación cometido en la concesión de la subvención de 900.000 euros a favor del mercado para crear una escuela de hostelería.
