La Asociación Palmera Agenda 2029, que defiende el legado arquitectónico de la avenida de la Palmera, en Sevilla capital, ha convocado el "Premio Picudo Rojo" para señalar los proyectos urbanísticos de mayor impacto en el "quebranto urbanístico o arquitectónico" de elementos esenciales de la configuración urbana de la ciudad, como ha sido el caso de la nueva residencia de estudiantes promovida en el número 38 de la avenida de La Palmera.
Así, el certamen se inspira en el mencionado insecto perjudicial para las palmeras, exponiendo el colectivo que "el daño que ocasiona este insecto en las palmeras es similar al deterioro urbanístico y paisajístico que se está produciendo en la avenida de La Palmera, arruinada con la implantación de edificaciones hostiles de desproporcionadas dimensiones y carentes de árboles o espacios libres ajardinados, que inicialmente se destinan a residencias de estudiantes".
Recientemente, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla desestimaba un recurso promovido contra los acuerdos adoptados en los órganos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, para autorizar la construcción de la nueva residencia de estudiantes en el número 38 de la avenida de la Palmera.
Ante ello, los detractores del proyecto insisten en que dicha licencia "jamás" debería haber sido otorgada y avisan de la "afección al paisaje" provocada por dicho proyecto, que además ha propiciado "procesos especulativos".
Así lo ha manifestado a Europa Press el arquitecto Javier Queraltó, lamentando la mencionada decisión judicial y mostrando su "indignación" ante la construcción del mencionado edificio, a cuenta de su impacto en la emblemática avenida de la Palmera.
Y es que colectivos conservacionistas, recordémoslo, vienen definiendo a este proyecto como "atentado urbanístico" a cuenta de su impacto visual en la avenida de la Palmera y el aviso de que con el mismo se contribuye a la "desaparición" de la arquitectura regionalista y de las zonas verdes que históricamente han caracterizado a dicha arteria de la capital andaluza.
Al respecto, recordemos que tiempo atrás, el Ayuntamiento emprendía una modificación puntual de planeamiento urbano para eliminar del mismo el incentivo que facilitaba aumentar la edificabilidad a los nuevos equipamientos privados y servicios públicos en parcelas residenciales de tenían baja densidad edificatoria.
Y es que según el Gobierno local del PSOE, ya había quedado de relieve que "la ventaja que el PGOU de 2006 otorgaba a los edificios de nueva construcción para equipamientos privados y servicios públicos en parcelas residenciales que, aun no teniendo la calificación de Equipamiento, permitían albergar dicho uso por permitirlo las condiciones particulares de la zona, estaba ocasionando la distorsión del paisaje urbano en algunas zonas de baja densidad edificatorias, como la avenida de la Palmera", donde la construcción de nuevas residencias de estudiantes de grandes dimensiones ha causado críticas por su afección visual.
Esta modificación puntual del PGOU incluyó la suspensión cautelar o moratoria durante un año del mencionado articulado del PGOU, lo que no prohibía la construcción de este tipo de equipamientos allí donde la calificación lo permitiese, sino que los proyectos planteados no contarían con la mencionada edificabilidad extraordinaria.
Antes de dicha suspensión, eso sí, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo acordaba la aprobación de la licencia de obras de demolición y trabajos de nueva planta, del proyecto promovido para levantar una nueva residencia de estudiantes en el número 38 de la avenida de la Palmera, con una inversión calculada de aproximadamente 20 millones de euros.
En ese sentido, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete, a la hora de desestimar un recurso de un particular contra los acuerdos municipales de autorización de dicho proyecto, argumenta que está "acreditado que la finca" donde ha sido promovida la nueva residencia de estudiantes "no se encuentra dentro del ámbito del Conjunto Histórico Protegido de Sevilla y no gozan de protección alguna ni la edificación (demolida), ni la parcela ni su ajardinamiento".
Además, la sentencia aborda "la alegación de incoherencia de la Gerencia de Urbanismo al conceder esta licencia cuando estaba proponiendo la modificación del artículo 6.6.3." del planeamiento urbano, al objeto de eliminar el incentivo a la edificabilidad estipulado en el texto para las empresas privadas que construyeran determinados equipamientos como residencias de estudiantes, centros de personas mayores o instalaciones sanitarias.
A tal efecto, la sentencia indica que "las licencias son regladas" y aunque el 17 de junio de 2021 la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobase dicha licencia de obras, justo antes de ser aprobada la modificación de planeamiento; "hasta que no estuvo publicado el 14 de julio de 2022 el acuerdo de pleno de 17 de junio de 2021 de inicio de los trabajos para la modificación de dicho artículo (del planeamiento urbano) y la suspensión cautelar de licencias, no produjo efectos".
Frente a ello, Javier Queraltó ha manifestado que el Ayuntamiento "jamás debería haber dado la licencia de obras", tras lo cual ha expuesto que la Gerencia de Urbanismo "ha sido incapaz" de modificar las normativas que han "permitido" proyectos como este y otros anteriores, pues a su entender los responsables de la Gerencia y los gobernantes municipales deberían haber corregido antes el mencionado incentivo a la edificabilidad.
Según ha explicado, ante los resultados de la primera aplicación de este incentivo a la edificabilidad en la calle Tramontana, el equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo debería haber alertado al "equipo político de lo que se venía encima". "Está claro que esto no debería haber sido construido", ha enfatizado Queraltó, exponiendo que aunque el Consejo Consultivo de Andalucía haya informado favorablemente respecto a dicha licencia de obras, para los detractores de la misma "es discutible" que no se haya incurrido en una vulneración del planeamiento urbano y ha sido infringido "el interés público por la afección al paisaje y los procesos especulativos que ha generado".
Además, ha avisado de que con este incentivo a la edificabilidad, las arcas municipales han "salido mal paradas" por la merma de la recaudación impositiva respecto al "aumento de volumetría" conseguido, con lo que el Ayuntamiento ha realizado una "mala gestión" del asunto, según ha asegurado.
