El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del Grupo de Adelante en demanda de que la institución cree "un órgano colegiado" para el desarrollo de los fines y actividades que contempla la Ley andaluza de 2017 en materia de memoria histórica y democrática.
La portavoz de Adelante, Maria Izquierdo, ha defendido esta moción que expone que a la hora de analizar las víctimas de la sublevación militar y el golpe de Estado de 1936, es necesario tener en cuenta a las personas asesinadas o encarceladas, además de aquellas "torturadas, exiliadas, las mujeres humilladas y violadas, o a tantas otras personas denunciadas, expoliadas, destituidas de sus trabajos, a los niños y niñas robados y a todas aquellas huidas al monte para continuar la resistencia".
"Las investigaciones documentadas y publicadas por el historiador José María García Márquez constatan que fueron 13.487 las víctimas en Sevilla y su provincia, incluyendo numerosos cargos públicos elegidos democráticamente, entre ellos el propio presidente de la Diputación, el doctor José Manuel Puelles; y siete diputados de aquella corporación provincial. Otros cuatro fueron condenados a prisión y dos más acabaron exiliados en México", figura en la moción.
"A pesar de los avances conseguidos en reconocimientos, homenajes, investigaciones y difusión de los hechos ocurridos, queda aún mucho camino por recorrer, sobre todo en la aplicación del Derecho Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y de genocidio", avisa Adelante, alertando de que el actual Gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado por Vox, formación contraria a la recuperación de la memoria histórica, tiene "prácticamente paralizada" la aplicación de la Ley andaluza de 2017 en materia de memoria histórica y democrática.
"Mayor esfuerzo"
"El Gobierno andaluz se está cargando esa ley por la omisión de su deber" de aplicarla, ha considerado María Izquierdo, indicando que aunque la Diputación ha dado "pasos" en materia de memoria histórica, es necesario "un mayor esfuerzo para compensar" la postura de la Junta.
Por eso, la moción reclama a la Junta el "cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como la ejecución de las intervenciones en fosas que están propuestas por el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde 2017 y que todavía no se hayan abordado" y la organización de "actos de homenaje a las víctimas del régimen franquista y a quienes defendieron la legalidad del Gobierno de la II República".
Igualmente, la moción pedía en su texto inicial que la propia Diputación conforme "un órgano colegiado con competencias, capacidad ejecutiva y dotación presupuestaria suficiente, en el que puedan participar las asociaciones de Memoria y los ayuntamientos, para el desarrollo de las actividades y objetivos contemplados en la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".
PP y Cs defienden a la Junta
En el debate plenario, el portavoz de Vox, Rafael García Ortiz, ha optado por no intervenir, mientras por Cs, Manuel Benjumea ha alegado que la moción "contraviene" el contenido del Plan Andaluz de Memoria Democrática, que marca las "estrategias" a medio y largo plazo para las políticas de memoria histórica y es el "instrumento canalizador" de las mismas. Asegurando que el Gobierno andaluz sigue "trabajando" por la recuperación de la memoria histórica, ha defendido la "actitud de concordia" del mismo en la materia.
Por el PP, Luis Paniagua ha avisado de que en los últimos tiempos, el Gobierno andaluz ha estado centrado en gestionar las medidas promovidas contra la pandemia y la nueva crisis derivada de la misma, preguntando retóricamente si ante dicho escenario es posible contar con "tiempo" para las políticas de memoria histórica. Además, ha reclamado honrar "a todas las víctimas", tanto las de la represión franquista como las del terrorismo. "La Ley se está cumpliendo", ha dicho.
El socialista Alejandro Moyano ha lamentado que el PP "intente confundir la memoria histórica con otra suerte de casos", manifestando el apoyo del PSOE a la propuesta pero con la condición de suprimir el carácter "ejecutivo" aludido inicialmente por Adelante respecto al órgano cuya creación se reclama, extremo que ha aceptado María Izquierdo pero solicitando "el compromiso de cumplimiento" de los aspectos que se acuerden. Así, la moción ha sido aprobada con el voto a favor de Adelante y el PSOE, la abstención de Cs y el voto contrario del PP y Vox.
