El Ayuntamiento de Sanlúcar ha mostrado su disconformidad con el informe aprobado en la última sesión de la comisión liquidadora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) que se celebró el pasado martes en la sede de la entidad en Lebrija y que próximamente será llevada para su aprobación definitiva al Pleno del ente mancomunado.
Según este informe, la MMBG arrastra una deuda total de 51,7 millones de euros, entre las deudas a proveedores programas que se han liquidado en negativo, trabajadores, Seguridad Social y Hacienda. De esta cantidad a Sanlúcar le correspondería pagar 14,3 millones de euros en función de su cuota de participación - por población - en el organismo que aglutina a once ayuntamientos de las localidades de Sevilla y Cádiz. Sin embargo, el Gobierno local ya avanzó hace dos semanas a este periódico su disconformidad con el reparto propuesto. El martes, en la reunión de la comisión de liquidación, fue el delegado municipal Juan Marín (CIS) quien como representante del municipio, trasladó el rechazo del municipio a esta propuesta. Una negativa a la que se sumaron los ayuntamientos de Chipiona y Rota, gobernados por el PP, y que está avalada en el informe jurídico elaborado por la Junta de Andalucía en el que, haciendo una interpretación de los estatutos de la entidad, se aboga por realizar dos repartos. En primer lugar, repartido por cuota proporcional, en relación a los gastos generales de la Mancomunidad, edificio central y trabajadores del mismo. Y, en segundo lugar, una liquidación específica sobre cada uno de los municipios, en base a los programas y proyectos de los que se han beneficiado. La idea es que cada localidad afronte la deuda que le corresponde por el beneficio que ha recibido de la Mancomunidad, y que los ciudadanos de Sanlúcar, por ejemplo, no tengan que asumir el coste de la planta de gestión de residuos existente en Utrera, más aún cuando ya pagan su basura y esta limitación se contempla en la Ley de Administración Local.
De hecho, la principal queja de los tres ayuntamientos gaditanos radica en que el documento de la comisión liquidadora establece que deben asumir también el pago de los quince millones de euros que supondrá el sellado de las plantas de recogida de residuos sólidos de Lebrija y Utrera, cuando no han hecho uso de ellas. De ahí que confíen en que el resto de municipios voten en contra de la propuesta.
INFORME JURÍDICO
En este sentido, el portavoz municipal, Víctor Mora (PSOE), entiende que “con un informe elaborado por la Junta de Andalucía sería ilógico que el resto de municipios apoyen esta propuesta que contradice lo que recoge el informe jurídico”.
Y es que, tras su aprobación en la comisión liquidadora, el documento de liquidación de la deuda de la Mancomunidad está ahora en manos del pleno del ente, que se reunirá en breve para dar luz verde al documento, lo que supondría el paso definitivo para la disolución del organismo del Bajo Guadalquivir.
A pesar de la oposición de Sanlúcar en la comisión liquidadora y de los ayuntamientos de Chipiona y Rota, ahora, en el Pleno la decisión depende de si los concejales allí representados se atienen a la disciplina de partido o votan en función de los intereses de cada municipio. Esta decisión será clave para evitar que el documento prospere. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Sanlúcar no descarta acudir a los tribunales en defensa de lo que consideran un “reparto justo” de las cargas con las que cuenta un organismo abocado a su desaparición por una cuestionada gestión.
