El juzgado se inhibe a favor de la Audiencia en la causa al exvicepresidente de Diputación

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería se ha inhibido a favor de la Audiencia Provincial en la causa en la que la Fiscalía de Almería ha interesado una pena de 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación para el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya (PSOE), por contratos de publicidad a un grupo de comunicación almeriense.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez apunta que la acusación popular solicita por un delito de falsedades documentales, seis años de prisión; por un delito de malversación de caudales públicos la pena de prisión de ocho años, y por un delito de fraude, prisión de seis años, así como que interesaba la celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Almería.

Por ello, debido a que estos delitos exceden la pena de la que son competentes los juzgados de lo penal, la juez acuerda la inhibición en este caso, tal y como reclamaba la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).

El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que el acusado fue vicepresidente y delegado del Área de Coordinación y Relaciones Institucionales de la Diputación entre el 19 de julio de 2007 y julio de 2011, "encontrándose entre sus competencias los encargos de publicidad institucional a los medios de comunicación.

Mantiene que durante su mandato y con "desatención absoluta de la legalidad vigente", realizó "reiterados encargos de forma verbal" a un grupo empresarial de comunicación formado por cinco mercantiles, hasta que "finalmente formalizó mediante contrato de fecha 13 de julio de 2010 -en procedimiento negociado sin publicidad- los servicios que en adelante prestarían" estos medios de comunicación.

"Hasta entonces, la conducta del acusado fue completamente apartada de la norma, adjudicando a dedo y de forma verbal los sucesivos encargos a sabiendas de que los contratos menores no pueden superar los 18.000 euros (...) ni aunque se fraccionen en facturas de cuantía menor si encubren relaciones patrimoniales de tracto sucesivo", dice el fiscal.

De esta forma, asegura que la facturación a efectos tributarios de dicho grupo a la Diputación superó los 200.000 euros en 2008, los 700.000 euros en 2009 y los 350.000 euros en 2010, así como que Pérez Montoya "omitió deliberadamente y de forma continuada sus obligaciones de incoar expediente, iniciar los trámites legales conforme a la ley de contratación pública".

"Encargó directa y verbalmente la publicidad sin órdenes de trabajo, ni acto administrativo expreso que los amparara ni por lo tanto dotación presupuestaria que asumiera su coste", incide, añadiendo que así "se aseguró el triunfo de su voluntad personal" e "impidió la concurrencia de ofertas alternativas de otros medios de comunicación que podrían haber abaratado el coste total de la publicidad institucional".

De forma previa, el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería dictó un auto que acordó la continuación de la causa únicamente en lo referido a Pérez Montoya, y el archivo y sobreseimiento provisional respecto al expresidente de la Diputación Juan Carlos Usero (PSOE), una asesora de comunicación de la institución provincial, y un consejero delegado del grupo empresarial, todos ellos investigados inicialmente por estos presuntos hechos.

La acusación popular, ejercida por AMAyT, ha presentado un recurso de reforma contra dicho auto, así como un profuso escrito de acusación en el que imputan al exvicepresidente provincial un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de malversación de caudales públicos, otro de fraude y un último delito de tráfico de influencias.

Por el primero interesan 9 años de inhabilitación; seis años de cárcel y multa por el segundo; ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por el tercero; seis años de prisión y diez de inhabilitación por el cuarto, y dos años de cárcel y multa por el último.

Pérez Montoya ya fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos, encontrándose preso por el desfalco a las arcas públicas enjuiciado en el caso 'Facturas'.