3R ha pedido oficialmente a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que los servicios jurídicos municipales sean puestos a disposición de la ciudadanía para poner en marcha una demanda colectiva formada por cuantos ciudadanos quieran encabezarla contra la tasa consorcial y con la petición de medidas “cautelarísimas” que impliquen la suspensión del cobro de la tasa.
3R se basa en que la ordenanza que articuló el cobro de esta tasa fue creada por una entidad de Derecho Público que en 2014, carecía de base estatutaria para ello y por ende, la nulidad radical “sería aplastante, de alguien que se erige capacidades recaudatorias fiscales, sin sustento en el ordenamiento jurídico y por consiguiente seria del todo efectivas esas medidas para con la suspensión del cobro de esa tasa”.
Una vez conseguido ese primer paso sería el momento de que “se haga lo que se tenga que hacer para darle cumplimiento a la Disposición Europea y a la transposición en el derecho nacional de la tasa, pero con un instrumento que tenga capacidad jurídica para atribuirse potestades recaudatorias fiscales y dentro del principio de legalidad”.
Protección de datos
Por otra parte, 3R cursó consulta a la Agencia de Protección de Datos sobre la posibilidad de que una entidad de Derecho Público como es el Consorcio de Residuos Urbanos de Cádiz, en el marco de una ordenanza “que podría estar a extramuros del principio de legalidad y que se autoerigía capacidad de recaudación fiscal, a pesar de no tener sustentante estatutario para ello”, haya podido acceder a los datos de afiliación de miles de isleños por haber firmado un convenio de delegación a la Diputación de Cádiz en 2017.
Para 3R se trataría de acto que “rozaría el esperpento jurídico, cómo alguien que tiene taras legales de semejante envergadura, que podría llevar a la nulidad de todo este procedimiento, delegaba en Diputación la gestión de los datos de los isleños”.
Esta formación política fue informada por la Agencia de Protección de Datos que debería ser la figura del DPD-Delegado de Protección de Datos, quien respondiera de ello y en un plazo de al menos dos meses.
“Cual es nuestra sorpresa que peticionado a esto al jefe de Servicio de Recaudación de Diputación y desde hace meses, no habido respuesta alguna de ello, lo que nos llevó al día de ayer a formalizar la solicitud de intervención de la Agencia de Protección de Datos, para que se dirima si el acceso a las afiliaciones de los isleños para con la tasa consorcial ha sido ajustado a derecho o no y en caso que no fuere, se diriman, las oportunas responsabilidades”.
3R se dirige a la alcaldesa para decirle que todo esto “sigue envuelto en muchas incógnitas, como ésta o como todas aquellas que formuló la Cámara de Cuentas. Es el momento de poner patas arribas este asunto y sería la forma que salga usted del entuerto que se ha metido sola y el señor Loaiza de mero espectador, promotor de todo esto en 2012, rescatando un ‘muerto’ nacido en 1995 y mire hasta donde nos ha llevado”.
