El Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía (TSJA) ha vuelto a dar la razón a miembros del colectivo del antiguo Capítulo 6 sobre la nulidad de sus despidos en 2013. Se trata de nuevas sentencias en este sentido que, sumadas a las ya existentes, "alcanzan ya casi el cien por cien de los trabajadores demandantes".
Según ha explicado el colectivo en un comunicado, "todas estas sentencias ratifican que la Universidad de Huelva no se había ajustado a la legislación vigente, ejecutando un expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto, declarándose nulos todos los despidos". Dicha nulidad se fundamenta en "cómo se intentó extinguir la relación laboral de los trabajadores y no en el origen o naturaleza de las contrataciones". En este caso, además de los argumentos esgrimidos en estas resoluciones, "el Tribunal Autonómico obliga a la institución a hacer frente a las costas de este procedimiento judicial, un nuevo sobrecoste económico que debe asumir la Institución".
Asimismo, en relación a la información difundida por la Secretaría General de la UHU el pasado lunes 3 de octubre sobre las sentencias a los recursos interpuestos por los nueve primeros integrantes del antiguo Capítulo 6 contra las resoluciones rectorales que declaraban la nulidad de pleno derecho de los contratos laborales, "esta asociación quiere manifestar que las sentencias lo único que hacen es reconocer en primera instancia que el procedimiento administrativo llevado a cabo por la propia Institución es irregular, constatando algo que ya se conocía por las sentencias delos juzgados de lo Social y en el que los trabajadores afectados por dicha resolución no tienen ninguna responsabilidad".
Sobre este aspecto destacan que "estos contratos pasaban y eran validados por diferentes órganos internos como son los Servicios de los Vicerrectorados competentes, Asesoría Jurídica, Gerencia o Recursos Humanos. Del mismo modo, los contratos eran conocidos por los integrantes del Comité de Empresa, conformado por los delegados sindicales reconocidos por la UHU".
Por todo ello, este personal reitera que este colectivo "en ningún caso es responsable, sino más bien todo lo contrario, víctima, de los procedimientos que la propia Universidad ha arbitrado para realizar contrataciones en el pasado, de la que es únicamente responsable la propia Universidad de Huelva".
Desde la asociación consideran, de igual modo, que "el Rectorado debería dar a conocer, en aras de la transparencia informativa y, al igual que hacen otras administraciones públicas con la información, sea o no beneficiosa, difundir todas las sentencias judiciales y no sólo aquellas que les puedan ser de su interés como han venido haciendo habitualmente".