Nuevo y último paso, al menos a nivel municipal, para dar por zanjada la relación contractual con la primera UTE adjudicataria de las obras de construcción del Parque Metropolitano de La Magdalena, que llevan paradas dos años y medio.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes en sesión extraordinaria la propuesta de resolución del contrato con la UTE adjudicataria de La Magdalena y el informe jurídico preceptivo, al que se ha incorporado el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía dándole la razón al Gobierno local.
El nuevo trámite y definitivo llega una semana después de conocerse el fallo favorable del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, ente al que se recurrió tras la negativa de la UTE al expediente de resolución del contrato aprobado el pasado 30 de septiembre. Se trata de un paso que contempla la Ley de Contratación del Sector Público para estos casos y que, aunque no es vinculante, sí arma aún más el expediente jurídico elaborado por los técnicos municipales.
Una vez agotadas todas las vías en el ámbito municipal, a la adjudicataria solo le queda recurrir a los tribunales, un escenario para el que el Ejecutivo de Patricia Cavada también ha estado mentalizado desde el principio, como reconocieron públicamente cuando anunciaron su decisión de romper con la mercantil ante los "reiterados incumplimientos del contrato" y su "mala fe". De llegar a este extremo, por tanto, sería un juez quien decidiera la indemnización a abonar por la resolución del contrato.
De hecho, en el informe jurídico que avala su petición, el Ayuntamiento isleño advierte de las intenciones de la empresa de “perseguir” la indemnización máxima que contempla la Ley de Contratación del Sector Público por superar los ocho meses de paralización de los trabajos, lo que supondría el 6% del precio de la adjudicación, que ascendería a unos 360.000 euros aproximadamente.
El Gobierno local, por su parte, defiende como causa legal de resolución del contrato el incremento en más de un 20% del precio inicial del contrato, según la cual en virtud de la citada ley debería abonar el 3% y no el 6% del precio de la adjudicación, es decir, unos 180.000 euros.
Esta ruptura oficial con la UTE adjudicataria coincide con la recta final de la nueva licitación para reanudar las obras. De hecho, la última mesa de contratación ya formuló una propuesta de adjudicación a favor de la mercantil jerezana Manuel de Alba S.A. Ahora se abre un plazo administrativo para requerir documentación a la mercantil y para la presentación de recursos antes de la adjudicación definitiva del contrato, que tiene un presupuesto de 13,5 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.
