La familia del isleño Miguel Ángel González Gómez, uno de los dos guardias civiles que perdieron la vida al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024, se ha concentrado este martes a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para pedir justicia. Lo ha hecho 72 horas después de que su abogado, Miguel Lozano, solicitara formalmente ante la Audiencia Provincial la reapertura de la causa contra los altos mandos del Instituto Armado que presuntamente dieron la orden de acudir esa noche al lugar, que ya fue archivada por esta misma instancia el pasado mes de noviembre de 2024.
Tal y como ha expuesto a los medios el letrado de la familia del guardia civil isleño, su petición para reabrir esta pieza se sostiene en una grabación de 50 minutos con la que entienden que demostrarían la comisión de un presunto delito de homicidio imprudente con dolo eventual en este caso por parte del coronel de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, y el general de la Guardia civil de la zona IV, Luis Ortega Carmona. Los dos fueron denunciados por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo (artículo 316 del Código Penal) y por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes (artículo 142 y 152).
No obstante, el letrado ha evitado hoy expresamente dar nombres de los responsables de haber ordenado el operativo de Barbate. “No hace falta desvelar, ya su señoría dirá, están en dependencia judiciales (por los datos personales), ha dicho tras avisar de que en caso de que se acepte a trámite esta solicitud “las investigaciones oportunas determinarán que hay más involucrados en la causa”.
Aunque se ha mostrado también prudente a la hora de hablar del contenido de este audio, Lozano sí ha revelado que reproduce una conversación entre su patrocinada en su domicilio y un agente de la Guardia Civil que iba en la embarcación que fue embestida y presenció todos los hechos. “Ahí se explica cómo fue todo, quienes realizaron las llamadas, las contestaciones que se dieron.Se demuestra claramente que tenían pleno conocimiento del alcance”, señala sobre un audio “fundamental para la reapertura de la causa” y que también justificaría tipificar el supuesto delito de homicidio imprudente con dolo eventual en el que supuestamente incurrirían los altos mandos. “Esa peligrosidad que hay ya se la comunican a los mandos, aunque no sea con la intención de que se cometa, dan lugar a que ellos continúen con el operativo, desde ese momento en el que le dan continuidad existe dolo eventual”, detalla.
Por esta razón, tienen claro que la pieza tiene que reabrirse para que estos altos mandos sean procesados, más allá de un cese u otra medida interna. “Pedimos la imputación, que se sienten en el banquillo. Que se haga justicia y no que no intenten tapar el sol con un dedo. Solamente queremos eso y a partir de esa grabación irán saliendo más grabaciones”, algunas de las cuales son “más fuertes”, ha advertido, tras mostrarse convencido “cien por cien” de que las otras acusaciones se personarán para reabrir esta pieza con esta nueva prueba, tal y como le han trasladado.
“Creo que se lo merecen los familiares, las víctimas y la propia guardia civil de a pie que está todo el día ahí por la seguridad de cada ciudadanos, que se la juegan y después se ven traicionados por sus superiores”.
Por su parte, Paqui Gómez, madre del guardia civil isleño, se ha mostrado esperanzada y “con mucha confianza” en que esta solicitud para reabrir la causa contra los altos mandos prospere. Ya lo avisó en la manifestación que ella y sus familiares convocaron en la Isla para reclamar justicia, la jornada fatídica del 9 de febrero, de la que en dos semanas se cumplirá un año, fue “desastrosa” y ahora estas nuevas pruebas, a su juicio, lo evidencian. “Fue un día desastroso, no había operativo, no hicieron nada bien, absolutamente nada; solamente mandar a los de Algeciras (donde estaba destinado su hijo) a que echaran la zódiac al agua. Fíjate si no lo hicieron bien que el coronel dice que bajen la zódiac en la rampa, cuando en Barbate no hay rampa. ¿Cómo puedes tú dar la orden desde un despacho? Tú tienes que dar la orden desde el sitio, en el terreno, y ver cómo estaba el mar. Entonces no hubieran salido. Para mí los enviaron a la muerte y lo tengo muy claro. A mi hijo me lo han asesinado porque hay otra grabación en la que en reiteradas veces dicen que les van a pasar por encima, que estaban en peligro y les decían que para adelante”, ha lamentado.
Lo que más le duele es que tras haber perdido a su hijo es que el caso “se haya politizado”. “Esto no es justo; mi hijo no era un número, debajo del uniforme hay una persona, una familia una hija e igual que mi hijo todos los demás. Y aquí no se les trató como personas, se les trató como un instrumento, como un número, para llevar fuera las lanchas porque Marlasca había estado aquí. Esto se ha politizado y esto es lo que más me duele. Yo quiero que dimita –prosigue- hasta el último que tiene culpa de esto, que le quiten los galones, que no ascienda más…yo voy a seguir hasta que se consiga, y si no llego a vivir para verlo, seguirá peleando mi hija por mí”.
