Un total de 13 empresas han presentado sus ofertas para hacerse con el contrato de las obras de ejecución del parque urbano de La Magdalena tras ser licitadas por segunda vez por el Ayuntamiento isleño. A juzgar por la acogida que ha tenido este nuevo concurso público, parece que los contratiempos con los que se ha encontrado el Gobierno local por los que decidió resolver el contrato con la anterior concesionaria después de dos años de parón no han minado la confianza de las entidades para concurrir al concurso de uno de los proyectos estrella del mandato. El Ejecutivo municipal ya lo dejó claro cuando anunció la nueva hoja de ruta para reconducir este proyecto, se iba a afanar y mucho para sacar a licitación un contrato atractivo para atraer el mayor número de empresas y hacerlo por la vía de urgencia para agilizar al máximo el comienzo de las obras en los próximos meses.
El propio Gobierno local ha destacado el elevado número de solicitudes registradas lo que “demuestra tanto la solvencia del Ayuntamiento para los proveedores y empresas como el atractivo de este proyecto para las constructoras”, ha subrayado en un comunicado. A partir de este momento, los servicios técnicos del Ayuntamiento comenzarán a evaluar cada una de las ofertas presentadas. Salvo cambios de última hora, la Plataforma de Contratación no se reunirá hasta el próximo 30 de enero para proceder a la apertura de las distintas propuestas. La Junta de Gobierno local aprobaba a comienzos de diciembre en una sesión extraordinaria el nuevo expediente de contratación para las obras del parque urbano de 125.000 metros cuadrados, el último trámite de peso administrativo pendiente para poder volver a licitar el proyecto de forma urgente.
Previamente, el 31 de octubre, este mismo órgano daba luz verde al nuevo proyecto básico y de ejecución de este espacio verde. De forma paralela, pero sin afectar a la nueva licitación, que es lo que siempre ha querido separar el equipo de Gobierno de Patricia Cavada, el proceso de resolución del contrato sigue su cauce. El Ayuntamiento isleño está a la espera del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, al que fue remitido la propuesta de resolución después de que la UTE adjudicataria presentara alegaciones el pasado 17 de octubre. No obstante, como ya ha dejado entrever en más de una ocasión, el Ejecutivo municipal da por hecho que el caso terminará en los juzgados.
Será por tanto esta instancia la que determine la indemnización que le corresponde a la empresa, la cuestión en la que radica el principal escollo. Hay que recordar que en el informe jurídico que avala su petición, el Ayuntamiento advierte de las intenciones de la empresa y su “mala fe” para “perseguir” la indemnización máxima que contempla la Ley de Contratación del Sector Público por superar los ocho meses de paralización de los trabajos, lo que supondría el 6% del precio de la adjudicación, unos 360.000 euros aproximadamente. El Gobierno local, por su parte, defiende como causa legal de resolución del contrato la subida en más de un 20% del precio inicial, según la cual debería abonar el 3% y no el 6% del precio de la adjudicación, es decir, unos 180.000 euros.
