Un paso más y ya casi el definitivo. La Junta de Gobierno local aprueba este miércoles en una sesión extraordinaria el nuevo expediente de contratación para las obras del parque urbano de La Magdalena, el último trámite de peso administrativo pendiente para poder volver a licitar el proyecto de forma urgente.
Hace casi un mes, el pasado 31 de octubre, este mismo órgano dio luz verde al nuevo proyecto básico y de ejecución de este espacio verde, cuyas obras llevan paradas más de dos años, lo que ha propiciado la decisión del Gobierno local socialista de resolver el contrato con la adjudicataria inicial.
La idea del Ejecutivo local, de hecho, es que la actividad en estos terrenos de 125.000 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de 12 meses, puedan retomarse también a principios de año. De cumplirse las previsiones, los trabajos, con una inversión de 13,6 millones de euros, coincidirán con el inicio de las obras de otro proyecto de mandato: la remodelación del estadio de fútbol. De hecho, sendos proyectos están incluidos en la partida de inversiones de los presupuestos de 2025, cuya aprobación provisional salió adelante el pasado viernes en un Pleno extraordinario.
En lo que respecta al proceso de resolución del contrato, este también sigue su cauce y en estos momentos el Ayuntamiento isleño está a la espera del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, al que fue remitido la propuesta de resolución después de que la UTE adjudicataria presentara alegaciones el pasado 17 de octubre. No obstante, como ya ha dejado entrever en más de una ocasión, el Gobierno de Cavada da por hecho que el caso terminará en los juzgados. Será por tanto esta instancia la que determine la indemnización que le corresponde a la empresa, la cuestión en la que radica el principal escollo.
Hay que recordar que en el informe jurídico que avala su petición, el Ayuntamiento isleño advierte de las intenciones de la empresa y su “mala fe” para “perseguir” la indemnización máxima que contempla la Ley de Contratación del Sector Público por superar los ocho meses de paralización de los trabajos, lo que supondría el 6% del precio de la adjudicación, que ascendería a unos 360.000 euros aproximadamente.
El Gobierno local, por su parte, defiende como causa legal de resolución del contrato el incremento en más de un 20% del precio inicial del contrato, según la cual en virtud de la citada ley debería abonar el 3% y no el 6% del precio de la adjudicación, es decir, unos 180.000 euros.
