Fue en la madrugada del 11 de octubre cuando se registró el peor temporal de viento y lluvia de los últimos 40 años, contabilizándose más de 145 litros por metro cuadrado en apenas dos horas. La ciudad quedó sumida en un auténtico caos. Un panorama insólito y desolador. El casco antiguo quedó anegado, inundándose cientos de casas, especialmente en La Viña. Extramuros no corrió mejor suerte y las aguas cubrieron garajes, sótanos, locales, calles, etcétera. Muchos perdieron sus bienes y tuvieron que abandonar sus casas. Los destrozos fueron cuantiosos, llegando a alcanzar los tres millones de euros.
Más de 200 incidencias registró el Servicio de Emergencia y Bomberos, que se vieron desbordados por la situación.
Todas las administraciones se volcaron en poner soluciones a la situación. El Gobierno central aprobó unas medidas de emergencias entre 2.500 y 10.000 euros, mientras que el Ayuntamiento habilitó puntos de atención y adelantó subvenciones para viviendas (600 euros) y comercios (de 1.000 a 2.500 euros).
Pero el temporal no fue el único mal del año. El varapalo laboral llegó en junio cuando la compañía británica Imperial Tobacco hizo pública su propuesta de viabilidad tras la compra de Altadis. La propuesta condenaba a la planta de Cádiz a su cierre. En total, preveía reducir su plantilla europea en más de 2.400 personas, de las que 236 serían de Cádiz. La plantilla gaditana pasaría de casi 300 a sólo 65 trabajadores en 2010.
Las reacciones no se hicieron esperar desde todos los sectores de la sociedad. Los gaditanos, la clase política y, por su puesto, los trabajadores expresaron su rechazo a los planes de la tabaquera, exigiéndole que los reconsiderara.
No fue el único conflicto laboral que suscitó la movilización de todos. Los recortes de las contrataciones en el Hospital Puerta del Mar también echaron a la calle a miles de trabajadores y usuarios. Además de ser una manifestación para reclamar un servicio sanitario de garantía, la protesta se tornó en defensa del trabajo en Cádiz y el rechazo a la destrucción de empleo en todos los sectores.
La polémica llegó a la Clínica San Rafael y se extendió al resto de centros de Pascual. Las trabajadoras denunciaron la imposición de la empresa a llevar falda. Sindicatos y políticos exigieron la aplicación de la Ley de Igualdad e incluso que el SAS retirará el concierto con Pascual.
La Inspección de Trabajo llegó a multar a Pascual y el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) --por afectar a varios centros en la comunidad--, que dio la razón a la empresa con el consiguiente rechazo de distintos sectores.
La Educación tampoco se salvo de la polémica. La Junta anunció el cierre del IES La Paz por la falta de niños y la unificación de los alumnos con el Alberti. Numerosas protestas no consiguieron impedir la clausura y el nuevo curso se inició sin problemas.
