La decisión del Gobierno municipal de resolver el contrato de las obras de construcción del parque de La Magdalena después de dos años de parón y requerimientos de por medio en vano sigue su cauce y ha sumado un nuevo capítulo, también previsible, en la última Junta de Gobierno local.
En la sesión del pasado jueves 31, se dio cuenta de la negativa de la UTE adjudicataria al expediente de resolución del contrato aprobado el pasado 30 de septiembre y del escrito de alegaciones presentado para argumentar su postura.
Ante esta oposición, será el Consejo Consultivo de Andalucía el que tendrá que intervenir y emitir el dictamen preceptivo, tal y como contempla para estos casos la Ley de Contratación del Sector Público. Como consecuencia, la Junta local de Gobierno aprobó remitir a dicho órgano todo lo actuado para recabar su dictamen y la propuesta de resolución acordada.
En cualquier caso, la reacción de la empresa contratista entraba en los planes del Ejecutivo municipal, que desde que anunció su intención de romper con la adjudicataria
dio por hecho que el caso acabaría en los juzgados y que sería un juez quien decidiera la indemnización a abonar.
De hecho, en el informe jurídico que avala su petición, el Ayuntamiento isleño advierte de las intenciones de la empresa de
“perseguir” la indemnización máxima que contempla la Ley de Contratación del Sector Público por superar los ocho meses de paralización de los trabajos, lo que supondría el 6% del precio de la adjudicación, que ascendería a unos 360.000 euros aproximadamente.
El Gobierno local, por su parte, defiende como causa legal de resolución del contrato el incremento en más de un 20% del precio inicial del contrato, según la cual en virtud de la citada ley debería abonar el 3% y no el 6% del precio de la adjudicación, es decir, unos 180.000 euros.
No obstante, su preocupación en estos momentos radica en acortar plazos para licitar las obras cuanto antes y actuar de manera provisional sobre el terreno hasta que no se retomen los trabajos para minimizar las molestias denunciadas por los vecinos.
