La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha liberado a 21 mujeres víctimas de explotación sexual en pisos prostíbulos de varias provincias españolas y ha detenido a nueve personas de la organización que las reclutaba, cinco de ellos en Ourense y el resto en A Coruña, Burgos, Cuenca y Madrid.
Las mujeres, principalmente de origen latinoamericano, eran captadas en sus países de origen y a su llegada a España eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída, que ascendía a 7.000 euros, informa la Dirección General de la Policía.
El grupo presuntamente llegó a vender a algunas de las víctimas a otros tratantes por cantidades cercanas a los 1.000 euros.
La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida que alertaba de la llegada a España de una presunta víctima de trata de personas captada en su ciudad natal.
Las pesquisas permitieron localizar a la víctima y confirmar la existencia del mencionado grupo ubicado en diversas provincias españolas que se dedicaba a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la prostitución coactiva.
Las víctimas eran mujeres en situación de gran vulnerabilidad que viajaban a España desde sus países de origen con la misión de mejorar sus condiciones de vida.
Los explotadores les proporcionaban reservas de hotel en Madrid, seguro médico de viaje y vuelo de vuelta a su ciudad natal a fin de simular su condición de turista, y las instruían sobre cómo comportarse en la frontera para evitar levantar sospechas ante las autoridades.
Los investigadores localizaron varios pisos prostíbulos gestionados y controlados por el grupo que se repartían en varias localidades del territorio nacional donde las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución.
Las mujeres se hospedaban en estos lugares durante un tiempo determinado hasta que eran trasladadas a otros pisos de diferentes provincias.
Ejercían la prostitución durante todo el día y el beneficio obtenido era repartido al 50 por ciento con el entramado.
A los detenidos se les imputan delitos de trata seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento a la inmigración ilegal.
Se han realizado siete registros domiciliarios en las provincias de Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, donde se han intervenido ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y diversa documentación relevante para la investigación.
