El Ayuntamiento aprobará finalmente este lunes en Junta de Gobierno local el expediente de resolución del contrato con la UTE adjudicataria de La Magdalena, que este miércoles ha llevado a comisión informativa para trasladar a los partidos de la oposición todos los pasos a dar a partir de ahora.
En el documento, al que ha accedido este medio, el Ejecutivo municipal pone de manifiesto la “mala fe” de la empresa constructora del parque urbano proyectado de 125.000 metros cuadrados durante en el último año a pesar de los "contactos semanales", reuniones presenciales con apretones de brazos incluidos e intercambios de documentación por correo electrónico que se han mantenido entre ambas partes para reanudar los trabajos, paralizados en agosto de 2022, tras iniciar nuevo expediente de modificación del contrato.
Pese a esta actitud, y “de manera sorpresiva”, como sostiene el informe jurídico en el que se apoya este expediente, la UTE adjudicataria llegó a registrar hasta tres peticiones (en octubre, a finales de junio y a principios de julio) para resolver el contrato por causa imputable al Ayuntamiento, conforme establece el artículo 245 c) de la Ley de Contratación del Sector Público, la cual fija como causa de resolución contractual la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración, con el derecho al 6% del precio de adjudicación, lo que se traduce en 360.000 euros.
De hecho, según detalla dicho escrito, solo un mes antes de que la UTE registrara su primera solicitud para romper la relación contractual en octubre de 2023, la adjudicataria había llegado a contactar con miembros de la Corporación municipal por correo mostrando su “predisposición” para "encajar" los cambios necesarios y la valoración económica en las modificaciones que exigía el nuevo proyecto para reanudar las obras, llegando a aportar "planos, secciones y distintas alternativas".
Una praxis que, según recoge el expediente, también se mantuvo en los meses siguientes, pese a haber registrado esta primera petición de resolución, para abordar temas relacionados con la obra como mediciones, precios y otras cuestiones relacionadas con la modificación de proyecto.
Ante el "interés" mostrado por la empresa contratista, el Ayuntamiento isleño le remitió mediante escrito de fecha del 19 de junio de 2024 el documento técnico modificado, que recogía expresamente el incremento del coste de materiales y mano de obra de un 44,5% respecto al establecido en el proyecto original. Dicho aumento, recalcan fuentes municipales, es el máximo legal posible que establece la ley.
La respuesta que encontraron por parte de la empresa fue solicitar la resolución contractual por la causa anteriormente descrita, aunque en dicho escrito, sostienen en el Ayuntamiento, la empresa “no rechazó de manera expresa la modificación contractual propuesta por la Administración”.
A juicio del Ejecutivo municipal, detrás de la actuación de la adjudicataria de las obras de La Magdalena hay una finalidad clara de “dilatar los tiempos hasta conseguir que se cumplan los ocho meses de suspensión de la obra”, el plazo que fija la ley para poder percibir una indemnización del 6% del precio de adjudicación.
Desde el Ayuntamiento reiteran que durante todo el proceso han ido “siempre de la mano” con la empresa adjudicataria, la empresa redactora del proyecto y los arquitectos, y acusan a la UTE de usar estratagemas jurídicas para “ganar tiempo para cobrar más” y “sin mover ni un ladrillo”. Por el contrario, en el Consistorio isleño confiaban “hasta el último momento” en llegar a un acuerdo, de ahí que hayan “apurado” al máximo los tiempos.
Frente a las “argucias” que reprochan a la UTE adjudicataria, la causa de resolución que plantea el Ejecutivo municipal de Patricia Cavada, que da por hecho que acabarán en los juzgados, es la que fija la Ley de Contratación del Sector Público por superar el nuevo proyecto más de un 20% el precio inicial del contrato, con una indemnización del 3% para la UTE del precio de adjudicación, que se quedaría por tanto en 180.000 euros.
Pese a todo, el Gobierno municipal está convencido de que estos últimos acontecimientos no afectarán a la nueva licitación que quieren poner en marcha por la vía de urgencia, con el objetivo de volver a adjudicar la obra a principios de año. Para ello, preparan un nuevo contrato en el que revisarán los precios para hacer el proyecto “atractivo” y que “pujen muchas empresas”, y dejan claro que la financiación está garantizada.
AxSí: "Se ha tardado en todo"
Desde el Ayuntamiento también aseguran que entienden y en cierta medida ven "lógica" la postura de los vecinos, que han pedido que La Magdalena vuelva a su estado original, para lo que han iniciado una campaña de recogida de firmas, pero creen que volverán a creer en el proyecto –ahora mismo enquistado- cuando vuelvan a ver movimiento a corto plazo y sea por fin una realidad.
Donde también han sido muy críticos con la “pasividad” del Gobierno municipal socialista ha sido en el seno de AxSí. Su portavoz Francisco Romero les echa en cara que haya dejado “pasar el tiempo” y no haya resuelto las “reiteradas” peticiones de resolución de contrato registradas por la UTE. “Nosotros queremos lo mejor para La Isla, y que el Ayuntamiento no desembolse el 6% de indemnización, pero se ha tardado en todo en este proyecto desde el principio y hasta la tramitación del expediente”.
