Media docena de empresarios hosteleros, en su mayor parte isleños, han adelantado que impugnarán judicialmente los criterios establecidos este año por el gobierno local para adjudicar las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal en el Parque Almirante Laulhé. Dicho grupo de profesionales entiende que al dar prioridad absoluta en la adjudicación de casetas a los colectivos y las entidades sin ánimo de lucro se les discrimina dejándoles fuera de la Feria en base a unas decisiones" totalmente arbitrarias y electoralistas".
“Sin duda las entidades y colectivos deben estar presentes en el recinto ferial, porque se lo merecen, muchos de ellos tienen una función social y son parte de la propia identidad de la fiesta, pero no al precio de eliminar de un plumazo a profesionales de la hostelería que, desde el sector privado, siempre hemos estado comprometidos con la Feria y su dinamización y hemos contribuido desde la misma a crear empleo. Pero claro, somos conscientes de que el Gobierno local ha hecho sus cuentas y ha visto que contentar a colectivos y entidades implica conseguir un número de votos mucho mayor y eso, aunque no debiese, va por encima de tratarnos con justicia en el proceso de adjudicación de casetas”, indican los afectados.
Este grupo de hosteleros recuerda a la alcaldesa, Patricia Cavada, que fueron precisamente empresarios como ellos los que apoyaron al Ayuntamiento cuando fue necesario llenar la Feria del Carmen hace un par de ediciones tras su traslado del recinto ferial de la Magdalena al Parque Almirante Laulhé. “Entonces fue el Ayuntamiento el que pidió nuestra colaboración para que la Feria en el Parque no luciese desangelada y sin casetas tras el cambio de espacio. Y no tenemos ninguna duda de que volverá a llamar a nuestra puerta cuando las obras de La Magdalena concluyan y vuelva allí una Feria que estaba en claro declive y que cada vez costaba más llenar de casetas. Que esta fiesta luzca bien en el parque es fácil por sus dimensiones, pero volveremos a serles necesarios cuando haya que afrontar el reto de volver a La Magdalena”, explican los afectados.
Estos hosteleros no comprenden como, tras el éxito del formato de Feria en el Parque Almirante Laulhé, ahora el Gobierno socialista cambia de parecer y contradice la propia Ordenanza de la Feria del Carmen y de la Sal, anteponiendo a las asociaciones sin ánimo de lucro sin criterio justificador y de forma arbitraria y dejando por el camino a las entidades que desde hacen años venían asumiendo el compromiso y montando su caseta. “Salvo alguna excepción de su protección y agrado, el Gobierno local se empeña en perjudicar a los profesionales del sector de los eventos y el ocio nocturno. Y con ese empeño lo único que consiguen es que tengan que buscar las oportunidades fuera de La Isla. No puede ser que por intereses políticos se le de siempre manga ancha a ciertas empresas frente a otras, como viene sucediendo hace ya tiempo. Y ahora, para colmo de males, la realidad empeora con el Ayuntamiento dando prioridad a entidades no profesionales frente a otras que si lo son y eliminando en un chasquido de dedos los derechos adquiridos durante años montando caseta en la Feria”, detalla este grupo de empresarios.
Esta decisión, subrayan los afectados, también afecta a los puestos de trabajo que la Feria generaba en la propia ciudad de San Fernando, ya que se cambia a los trabajadores contratados por los voluntarios de dichas entidades sin ánimo de lucro. “El criterio no lo marca el interés social, lo marcan los intereses de este gobierno socialista. Los baremos que se utilizan en el proceso de adjudicación de casetas son cada vez más restrictivos con el sector privado y cada vez se alteran con mayor descaro, arbitrio e impunidad. Conforme pasa el tiempo, las decisiones del Ayuntamiento de San Fernando son más imperativas, olvidando el interés de todos los sectores de la ciudad y procurando principalmente el interés personal del partido que gobierna”, recalca este grupo de hosteleros.
“Lamentablemente, este Gobierno local cada vez tiene menos en cuenta a las empresas que se esfuerzan en crear empleo y actividad económica en la ciudad, que pagan sus impuestos aquí. No se nos ponen las cosas fácil para que sigamos generando oportunidades para San Fernando y se nos fuerza a emprender en localidades vecinas que ofrecen mejores condiciones. Con sus decisiones, el gobierno socialista nos quita nuestros derechos y nos discrimina. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a consentir ser un daño colateral de los intereses del gobierno local y por eso no nos queda otra que recurrir a la justicia”, finalizan los afectados.
