Los órganos judiciales unipersonales de Málaga capital, más de un centenar, siguen acumulando procedimientos y retrasos en la resolución de los procedimientos, de diferente ámbito jurisdiccional, y el año pasado siguieron incrementándose más por los efectos de las huelgas secundadas por los letrados de la Administración de Justicia (LJAs) y los funcionarios.    Así se desprende de los datos de la Memoria de Actividades del Partido Judicial de Málaga correspondiente al 2023, que fueron facilitados este jueves por el juez decano de los jueces, José María Páez, miembro también de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).        Además de los asuntos de la capital, los juzgados malagueños se ocupan de los que tienen lugar en términos municipales como Rincón de la Victoria, Totalán, Riogordo, Alfarnate, Casabermeja, Álora, Yunquera, Carratraca, Cártama o Alhaurín de la Torre, entre otros.       La Memoria Judicial de 2023 recoge un total de 72.576 asuntos registrados por los Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Málaga (se excluye los correspondientes a otros tribunales como son Marbella, Estepona, Benalmádena o Torremolinos), lo que supone 17.020 más que en el año anterior.    Estas actuaciones penales comprenden las querellas presentadas por abogados, diligencias secretas, atestados con autor, causas con preso, peticiones de tribunales europeos o internacionales, entradas y registro en domicilios, o la apertura de comunicaciones postales. En 2019, esta cifra fue de 50.959 asuntos.    Respecto a las diligencias practicadas por el Grupo de Policía Judicial adscrito a los 14 Juzgados de Instrucción y 15 de lo Penal fueron 8.357, de las cuales la mayor parte (7.425) correspondió al Cuerpo Nacional de Policía y 904 a la Guardia Civil. Se trata de citaciones de personas o averiguación de su paradero, informes de antecedentes penales o detenciones de encausados.      ´ PRIMERA INSTANCIA ARRIBA DEL TODO    Pero el ámbito jurisdiccional que más colapso tiene es el civil, pese a que en el 2023 se registró un descenso de las demandas presentadas en Primera Instancia. Si se excluye las correspondientes a los tres juzgados de Familia y 3 de Violencia sobre la Mujer, las demandas registradas alcanzaron las 43.082, frente a las 46.910 turnadas a los diferentes órganos en el 2022.     Para poder comparar, los juzgados de Primera Instancia registraron en 2019 un total de 37.061 demandas presentadas, que se acumulan a las que están en curso de ejercicios anteriores. Se trata de reclamaciones de cantidades por deudas de particulares, proveedores, empresas, entidades financieras o comunidades de vecinos.    Por su parte, los Juzgados de Familia y de Violencia sobre la Mujer registraron 5.327 asuntos relacionados con juicios por medidas de alimentos, filiación, nulidades matrimoniales, demandas de separación o divorcio, protección de menores, medidas de guarda y custodia, ya sean consensuadas o no por los ex cónyuges, y adopciones. En estos casos, sí que se registró un descenso del número de asuntos al pasar en 2022 de ser 6.104 a 6.444 en el año 2019.    Por lo que se refiere a los tres juzgados de lo Mercantil, la Memoria recoge que se contabilizaron 1.954 nuevos asuntos turnados relacionados con demandas de transporte nacional, internacional y marítimo, competencia desleal, marcas y patentes, concursos de acreedores, de personas físicas o jurídicas, responsabilidad de los administradores, o de propiedad intelectual.    "Los asuntos no dejan de aumentar exponencialmente, y son unas cifras inasumibles", dijo el decano de los jueces, que recordó que pese a que muchos de sus compañeros magistrados podrían jubilarse a los 72 años, "muchos están pensando en hacerlo a los 60 años porque no pueden más por la carga de trabajo que persiste".    En este contexto del servicio público de la Justicia, el juez decano volvió a insistir que sus compañeros superan con creces los módulos de asuntos que el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) fija para cada órgano unipersonal de España, "y en muchos casos se dobla el nivel de carga que les corresponde. Estamos muy por encima de los parámetros que podríamos asumir, sobre todo en los Juzgados de Primera Instancia con 2.810 asuntos que reciben, cuando lo recomendable son 1.200", dijo.    Otro ejemplo de ello son los 15 Juzgados de lo Penal de Málaga que, según el CGPJ, su ratio de trabajo anual debería de ser de 400 procedimientos al año y están realizando entre 867 y 937. En este ámbito, el año pasado se repartieron 13.610 asuntos entre estos juzgados, que efectuaron 1.590 exhortos. En 2023, el número de detenidos fue de 8.357, "lo que supone 22 al día y una alta actividad de trabajo".        Para Páez, una de las soluciones para evitar estos retrasos de hasta 15 meses de media para la celebración de las vistas sería el nombramiento de más jueces, "no tanto de funcionarios". Con ello se impulsaría el número de sentencias dictadas a medio plazo, y "la justicia no estaría como el tren del litoral, en vía muerta", ironizó el decano.   También, como propuesta, ha trasladado al TSJA la solicitud para crear 19 plazas de Primera Instancia, nueve de Instrucción, 3 de lo Penal, cuatro de lo Social, y uno de Vigilancia Penitenciaria.   MÁS VIDEOCONFERENCIAS EN LOS JUICIOS   Lo que aumenta cada año más son las peticiones de videoconferencia. El año pasado se realizaron 2.240 en las tres salas de las que se disponen, lo que permitió evitar desplazamientos a testigos y peritos judiciales.    Según el juez decano malagueño, siguen reduciéndose los escritos en papel que se presentan en ventanilla por abogados y procuradores (fueron 19.052), y las presentaciones tradicionales están siendo sustituidas paulatinamente por el sistema vía electrónica Lex net.          Páez reconoció que el nuevo sistema @driano que viene implantando la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para acelerar la confección de los expedientes "no está funcionando como se esperaba y está provocando muchos retrasos en la tramitación" para los funcionarios.   Respecto a las quejas de ciudadanos por la prestación del servicio público, durante el pasado ejercicio se formalizaron 139, que tuvieron que ver con no ser atendidos durante las jornadas de las huelgas secundadas por secretarios judiciales y funcionarios. Otras 23 fueron por una mala atención del personal judicial, 17 por suspender el juicio sin avisar a los testigos o implicados, y 19 por el mal funcionamiento del Servicio de Orientación Gratuita que prestan los Colegios de Abogados y Graduados Sociales.   A este respecto, José María Páez indicó que "el Registro Civil es el órgano que más quejas acumuló el año pasado, pero a partir del 16 de junio deja de tener a un juez como responsable y pasará a depender directamente del Ministerio de Justicia".    Para el decano de los jueces, un año después de la confección de la anterior Memoria del año 2022, la actual cuenta con muy pocas novedades respecto a la creación de nuevos órganos judiciales en Málaga, ya que solo se ha creado uno correspondiente al 2023 y que no entrará en funcionamiento hasta septiembre próximo.   Se lamentó, además, de que el plan elaborado para resolver los retrasos de los pleitos por despidos (muchos por los ERTES de la pandemia), con dos jueces sustitutos de refuerzo en lo Social, se haya paralizado "porque el Ministerio de Justicia decidió no seguir pagando". El CGPJ fija el módulo de trabajo en estos órganos laborales en 800 asuntos al año, y en Málaga se llegan a los 1.124 en algunos casos.   Según Páez, los índices "inasumibles" de trabajo que registra Málaga están a un nivel muy superior a los de otras provincias de Andalucía, y casi en igualdad con Sevilla, por lo que pidió "un mayor compromiso de todas las administraciones" para resolver este alto nivel de litigiosidad.        "Todo el mundo quiere que se resuelva, pero nadie pone dinero", concluyó el decano de los jueces, que aseguró que no optará a la reelección para finales de 2025 cuando ya cumplirá 16 años seguidos al frente del decanato de la capital.