La Junta General de HEMSA (antigua ESISA) ha aprobado hoy las cuentas generales del ejercicio económico de 2023, que vuelven a arrojar un año más resultado positivo, con unos ingresos totales de 1.046.000 euros, unos gastos totales de unos 867.300 euros y un beneficio de algo más de 178.700 euros.
El presidente del Consejo de Administración, Conrado Rodríguez, ha destacado la importante mejoría que ha experimentado la empresa en los últimos ocho años, recuperándose así de la delicada situación que atravesaba, especialmente, a causa de una elevada deuda financiera que ha ido reduciéndose considerablemente ejercicio tras ejercicio.
Como ha señalado, las cuentas generales de la empresa demuestran que “HEMSA está en disposición de afrontar nuevos retos en materia de vivienda y también de asumir distintos servicios municipales, comenzando por la Ayuda a Domicilio”.
No obstante, el equipo de gobierno es consciente que “aún queda trabajo por hacer” respecto a la estructura económica y financiera de HEMSA, señalando como uno de los retos más inmediatos el cierre de la liquidación de Sogescar, una vez se ha cumplido el objeto para el que se creó. Como ha señalado Rodríguez, este paso supondrá una mejoría importante para la empresa municipal.
Además, la HEMSA de hoy tiene la capacidad de asumir uno de los retos más inminentes como es la asunción de la Ayuda a Domicilio tras la modificación de los estatutos para la incorporación de la prestación de este servicio en su objeto social. Un hito que será “triplemente beneficioso, para la propia HEMSA y para la calidad del servicio de Ayuda a Domicilio y para su personal”.
Por otra parte, el saneamiento de la empresa ha situado a HEMSA en posición de dar un nuevo impulso en materia de vivienda. Así, en 2023 ya se entregaron 15 viviendas promoción pública y se acometió la redacción de la siguiente promoción, en este caso las 81 viviendas públicas en régimen de alquiler que se construirán en la parcela situada en la Ronda del Estero. La empresa municipal ha buscado la financiación necesaria para su construcción, que asciende a 10 millones de euros, estando previsto el inicio de las obras a finales de verano.
Al mismo tiempo, se vienen diseñando iniciativas con la colaboración público-privada que sirvan de “palanca para el incremento exponencial de la oferta de vivienda en la ciudad”, ha apuntado Rodríguez.
En este sentido, ha recordado el ambicioso plan de vivienda del equipo de gobierno, con el que prevé poner a disposición de esta fórmula de colaboración público-privada unos 40.000 metros cuadrados de suelo para edificar en los próximos años vivienda en alquiler y en venta a precio regulado y controlado. Como ha señalado, el objetivo marcado es que el 50% del total de las viviendas que se construyan en los próximos cuatro años en San Fernando sean protegidas, y un 15% de ellas para alquiler social.
