La Secretaria General del Partido Popular (PP) de San Fernando, Carmen Roa, ha expresado su "sorpresa y preocupación" ante la "paradoja continua" en la que se encuentra el equipo de gobierno liderado por Patricia Cavada.
Este lunes, desde el gobierno socialista se anunciaba la adquisición por parte del Ayuntamiento de San Fernando de parte de los 500.000 metros cuadrados de los antiguos Polvorines de Fadricas, concretamente los 174.000 metros cuadrados pertenecientes al Ministerio de Defensa y que se encuentran afectados por el Dominio Público Marítimo Terrestre.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el Ayuntamiento difundió a través de los distintos canales municipales que la adquisición no se limitaba a los 174.000 metros cuadrados pertenecientes al Ministerio de Defensa, sino que se atribuye la compra de la totalidad de los Polvorines, incluyendo los 326.000 metros cuadrados restantes que pertenecen a distintos reversionistas. Esos 326.000 metros cuadrados de los que se “apodera” Cavada representan la mayor parte del terreno -el 65 por ciento del total- y son los únicos que podrán desarrollarse urbanísticamente.
Carmen Roa, ha manifestado su asombro ante esta manera de actuar por parte de la alcaldesa socialista y su gobierno. “Esta no es la primera vez que se utiliza una estrategia similar. Recordemos el caso del parque de La Magdalena, donde Cavada ha perdido los siete millones de euros de la subvención europea para ejecutar las obras pero continúa negándolo, pese a existir la evidencia de ello”.
Roa insiste en que la honestidad y la transparencia son fundamentales en la gestión municipal. “Los ciudadanos merecen saber la verdad”, afirma. “Nos alegramos que unos terrenos tan importantes para el desarrollo de San Fernando pasen a manos de la ciudad, pero no podemos permitir que se rentabilicen medias verdades o, peor aún, la política de la confusión. La alcaldesa Cavada debe ser honesta con los isleños y asumir la responsabilidad de sus acciones”.
Un largo proceso
Desde 2000, el Ayuntamiento de San Fernando ha estado en negociaciones con el Ministerio de Defensa para el desarrollo del terreno de los antiguos Polvorines de Fadricas, una actividad que cesó varios años antes del traslado del material restante a la Base Naval de Rota en septiembre de 1999. En julio de 2002, se firmó un protocolo para la recuperación de suelo militar y, en septiembre de 2003, el suelo fue oficialmente desafectado por Resolución Ministerial y transferido a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
Como resultado de las negociaciones, y ante una sentencia del TSJA favorable a los antiguos propietarios, Defensa solicitó al Ayuntamiento que negociara con los reversionistas. Un acuerdo se alcanzó y en febrero de 2005 se firmó un convenio, pendiente de un arreglo definitivo con el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, con el cambio de gobierno a manos del PSOE en marzo de 2005, Defensa anuló el acuerdo previo con el Ayuntamiento. Ante esto, el Ayuntamiento procedió a delimitar los terrenos de los Polvorines para incluirlos en el Patrimonio Municipal de Suelo, proceso que se completó en septiembre de 2008. Un año más tarde, se presentó una propuesta alternativa a la expropiación del suelo, obteniendo la adhesión de todos los propietarios excepto Defensa, que no cedió hasta junio de 2011, influenciado por las decisiones judiciales continuas a favor del Ayuntamiento.
Este proceso se vio complicado por una acción denominada Mónicamellazo, referente a una carta de la exdirectora de Infraestructura del Ministerio que imponía condiciones, lo cual fue visto como un chantaje. Tras superar este obstáculo, el Ayuntamiento logró avanzar en las tramitaciones, que habían estado estancadas durante años, consiguiendo en 2012 el Gobierno municipal del PP la cesión íntegra de los 500.000 metros cuadrados.
En 2013, el gobierno de PSOE e IU en la Junta de Andalucía, pusieron en marcha el "funesto" Plan de Protección del Corredor del Litoral. El conocido como simplemente Plan Litoral paró el desarrollo de los Polvorines de Fadricas.
La norma autonómica imponía restricciones en una franja de protección de 500 metros desde el borde litoral por un extremo y otro del término municipal. Solo en el caso de Polvorines, el Plan del Litoral obligaría a revisar un desarrollo que lleva años trabajándose con los propietarios incluidos en la reserva de suelo y que, tras múltiples reveses y conflictos judiciales, tuvo luz verde en 2012 para comenzar a aplicarse.
En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el Plan Litoral y desde entonces el Ayuntamiento ha podido actuar para recuperar esos terrenos, entonces cedidos y ahora, parte de ellos, costeados por el erario municipal.
