La delegada de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Isabel Paredes ha recibido en el despacho de la Delegación a los representantes municipales del Ayuntamiento de San Fernando, el concejal de Infraestructuras, Javier Navarro, la concejal de Educación, Pepa Pacheco, dirección del CEIP San Ignacio, directiva del AMPA y de la FLAMPA y técnicos de la administración educativa, con el fin de iniciar las medidas provisionales con las que solventar las necesidades de aulario, en previsión de una futura intervención urbanística en el centro.
En el encuentro, la administración educativa ha recibido el proyecto de “legalización de instalación eléctrica para el edificio de Infantil del CEIP San Ignacio”, documento que será estudiado por APAE Agencia Pública Andaluza de Educación y que viene a resolver una de las deficiencias que bloqueaban las actuaciones sobre el San Ignacio, de cara al suministro eléctrico de las instalaciones de aulas prefabricadas. El Ayuntamiento ha informado de que en fechas próximas procederá a la licitación de las obras, que posibilitarán subsanar las deficiencias detectadas por la OCA (organismo de control autorizado) que en su día planteó la empresa adjudicataria de las obras. Una OCA que ha puesto de manifiesto deficiencias que tendrán que ser subsanadas para proceder a las obras de adecuación del office para comedor escolar.
Por parte de la administración educativa se ha informado de los estudios que se están realizando por parte de APAE, para la licitación del aulario modular. En la reunión se ha informado a los padres de que la ampliación del edificio de Primaria se ha recogido en la planificación que la consejería de Desarrollo Educativo traslada en sus previsiones a APAE y que califican esta actuación como objetivo prioritario en la programación del año 2024, noticia que ha sido gratamente recibida por los representantes de los padres.
Ojo avizor
Ahora bien, y llegados a este punto, esa prioridad a la que hace referencia la Junta no quiere decir que la actuación se vaya a ejecutar, sino simplemente que se incluye en su listado de prioridades. A partir de ahí, quedaría mucho camino por recorer ya que, en primer lugar, se tendría que buscar financiación, realizar los pertinentes estudios y previos y, obviamente, elaborar un documento de necesidades sobre el tipo de colegio que se pretende ejecutar.
Una vez dados estos pasos, lo siguiente que tendría que hacer la Administración autonómica es hablar con el Ayuntamiento para todo lo relacionado con los cambios urbanísticos necesarios para dicha ampliación, licitar la redacción del proyecto y, por último, su ejecución. Es decir, que no será una cosa de hoy para mañana.
