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Jueves 25/04/2024  

Andalucía

La autovía del menor

Uno de los grandes retos para la próxima década será, es, la simplificación administrativa en todo y la digitalización parece el mejor camino

Publicado: 23/02/2024 ·
10:01
· Actualizado: 23/02/2024 · 10:01
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  • El jardín de Bomarzo.

“La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin”. Václav Havel.

Uno de los grandes retos para la próxima década será, es, la simplificación administrativa en todo y la digitalización parece el mejor camino, aunque con asiduidad los procedimientos electrónicos están diseñados por informáticos que no tienen como objetivo la facilidad del manejo por parte de los usuarios y el ahorro en tiempo por lo que, en demasiados casos, se tarda más en un trámite electrónico que cuando se hacía en papel. Luego están aquellos empleados que aun contando con tecnología punta dejan los expedientes y las tramitaciones dormir el sueño de los justos. No es procedente en este mundo de alta tecnología donde la inteligencia artificial toma peso por día que cualquier trámite, expediente, informe, contrato, licitación, adjudicación o lo que sea requiera de meses o años de espera, muchas veces para que al final muera en el trayecto. No hay consecuencia cuando esto pasa. También viene lastrando la gestión de las administraciones públicas el miedo de los técnicos a firmar por no verse implicados en demandas y juicios y, por el contrario, la facilidad de otros a prestarse a firmar lo que sea a cambio de los favores de los políticos que gobiernan, o quienes estando obligados a informar se ponen de perfil sin concluir nada, sirviendo el informe para un roto y para un descosido –muy típico-. Un buen puesto, un buen sueldo, les hace ser temerarios y esto tampoco beneficia a una ciudadanía que espera de las administraciones que gestionen el dinero de sus impuestos con eficacia, pero también con rigor y legalidad, sin un uso que no tenga como único fin el servicio público y el interés general.

Uno de los ámbitos esenciales en la gestión pública es la contratación de obras, servicios y suministros. Es esencial contratar para suplir todo aquello a lo que no llega la administración, que es mucho. Y su transparencia y rigor tiene que presidirla, no en vano abundan los casos de corrupción política conocidos que tienen que ver con contratos públicos. Mucho se ha avanzado durante los últimos años en lo relativo a la contratación pública por parte de las administraciones en general y, en particular, de las locales, un avance que ha sido a golpe de directivas y, también, de sentencias del Tribunal Europeo. La normativa de contratación ha ido evolucionando para intentar garantizar la concurrencia, la publicidad y evitar corruptelas. Uno de los caballos de batalla fueron los contratos menores, la Comisión Europea pretendió una regulación rígida y sin fisuras porque esta figura es la puerta de acceso a intentos de burlar los principios y procedimientos de contratación y poder contratar a dedo. La finalidad de que existan es únicamente dar agilidad en las contrataciones pequeñas, actualmente 40.000 euros cuando sean obras o 15.000 cuando se trate de suministro o servicios. Lo único que debe cuidar la administración es acreditar la necesidad del contrato, justificar por qué se contrata a quien sea -lo aconsejable es contrastar varios presupuestos para elegir el más adecuado-, que se acredite que el adjudicatario reúne los requisitos para efectuar el contrato y que no se está fraccionando el objeto para evitar una licitación. De forma gráfica: un ejemplo de fraccionamiento sería si una administración tiene necesidad de renovar mobiliario de oficinas en ocho servicios y el importe asciende a 120.000 euros, lo cual requeriría que se llevara a cabo una licitación pública con todo el procedimiento. Para evitarlo, se hacen ocho contratos de 15.000 euros cada uno, distanciándolos un poco en el tiempo para disimular el fraccionamiento. Es solo un ejemplo.

Fraccionar el contrato es una irregularidad administrativa no considerada por los tribunales como muy grave, en todo caso mientras no haya habido intereses personales se queda en el ámbito contencioso-administrativo. Adquiere gravedad con posible responsabilidad penal en la medida que le resulte a la administración más caro, provocando un deliberado, consciente e injustificado perjuicio económico o que se haya hecho para darle alguno de los contratos a contratistas concretos. Otro tema es que la administración use este tipo de contrato de forma generalizada y reincidente, esto sí resulta grave y sólo hay que entrar en las plataformas de contratación para comprobar cómo hay algunas que básicamente contratan solo mediante contratos menores y los convierten más que en una vía en una auténtica autovía. Las irregularidades en estos contratos no sólo tienen que ver con el fraccionamiento, la más grave con relevancia penal es cuando se demuestra que a quien se ha contratado se le ha dado no por su solvencia profesional, ni por su precio ajustado, ni por ser el único que presta el servicio, sino exclusivamente por alguna relación con algún político o técnico y, a mayores, ni siquiera realiza el servicio contratado. El papel de los técnicos y, sobre todo, del interventor es fundamental para hacer de filtro legal, lo que ocurre es que no todos los gobiernos municipales optan por adoptar acuerdos con seguridad jurídica para ellos y algunos, incomprensiblemente, prefieren que la intervención no fiscalice previamente este tipo de contratos -lo cual permite la Ley- para comodidad del interventor, que cuanto menos fiscalice mejor. Al final la historia demuestra que ante una irregularidad son los técnicos los que se encuentran solos y con la pelota en su tejado mientras los políticos silban mirando al cielo.

El caso de la empresa municipal de Jerez que lleva el transporte urbano y la ayuda a domicilio arroja sombras y preguntas: una situación económica al borde de la causa de disolución, pero en cambio se han firmado convenios laborales que van a implicar un incremento de salarios del orden de dos millones de euros anuales, convenios que, según parece, ningún técnico ha querido informarlos ni jurídicamente ni respecto a la capacidad económica y al agravamiento que supondrá de la causa de disolución, e inmediatamente una suspensión de empleo y sueldo al gerente por un supuesto fraccionamiento de contratos menores llevado a cabo tanto en la época del gobierno socialista como del actual del PP, una auditoría de estos contratos -que este gobierno dijo iba a hacer para analizarlos- que al final no se ha hecho y lo único que aportan bajo el nombre de “investigación” son dos informes firmados por alguien que ocupa irregularmente el puesto en cuya calidad hace los informes, pero obviando su propia irregularidad, en los que concluye que los contratos son irregulares. Al final, el vicepresidente asume las funciones del gerente, según parece sin poder hacerlo, para poder así firmar las nóminas derivadas de los nuevos convenios cuando, además, un concejal no puede ser gerente porque tendría que dejar el acta por incompatibilidad. Todo un lío que hace pensar, de entrada, que para el interés de la sociedad lo menos importante es ese aparente fraccionamiento de contrato dado a conocer con el nombre de “investigación”, cual expediente x.  

La doble moral está tan arraigada en nuestra sociedad que prácticamente forma parte de ella. Criticar al tiempo de hacer lo propio, sin inmutarse, es un hecho, se hace además sin pudor. En muchas ocasiones se utiliza la táctica de la cortina de humo para desenfocar la atención y con ella tapar lo verdaderamente importante. Es usual que las personas tiendan a ocultar sus errores magnificando los del otro; también, para solucionar una metedura de pata, en lugar de reconocerlo y buscar soluciones, negar el error enfangándolo más, haciendo la pelota más gorda. A las administraciones públicas, a los que las gobiernan y a la oposición de turno, hay que exigirles seriedad, honestidad y rigor, no que usen sus respectivos estatus, la gestión pública y ciertas cotas de poder mediático para intereses que en nada tienen que ver con el interés público, siempre de fondo el rédito político, tomando al pueblo por ignorante y usando a quienes se venden por una moneda, que encima es de chocolate. 

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