El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado la reciente declaración unilateral de ruina de la Ecoescuela CEIP San Ignacio por parte del Gobierno local. Romero explica que con esta decisión, por un lado, el Ayuntamiento se desentiende definitivamente de sus obligaciones de afrontar el mantenimiento de este centro y, por otro, incumple el compromiso electoralista, adquirido por la alcaldesa en noviembre de 2022, de que el Ayuntamiento ejecutase los arreglos de en el colegio, según sus propias palabras, “Queremos poner por delante de todo debate la seguridad de los menores ante la pasividad de la Junta. Vamos a hacernos cargo de esta obra que no es de nuestra competencia porque lo principal es que no haya riesgos para niños y niñas y reclamaremos judicialmente esa cantidad invertida”. Otro engaño electoral más. Después de las elecciones y ya con la mayoría absoluta lo que tienen los padres y madres, sus hijos y el personal del colegio es una declaración de ruina.
Una vez más, los andalucistas se solidarizan y se suman a las reivindicaciones de la comunidad docente y de los padres y madres del alumnado del centro a través de su AMPA, que han visto cómo las administraciones competentes no han parado durante años de echarse el balón una al tejado de la otra mientras descuidaban la seguridad e integridad de docentes y niños y niñas. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las familias, cuyo malestar va en aumento, ha sido el reciente traslado del servicio del comedor del centro al Colegio Quintanilla ante la imposibilidad ya de usar el edificio principal debido a la declaración de ruina habiendo dejado sin comedor, espacios administrativos, salón de actos, biblioteca y demás servicios al colegio. El colegio y su AMPA, esperando el pasado 29 de enero a que alguien del Ayuntamiento apareciese por una reunión con la Junta de Andalucía, se entera de que a prisa y corriendo se ha convocado rueda de prensa en la que la Delegada Municipal de Educación anuncia la conclusión del expediente administrativo con la consecuente desestimación de las alegaciones planteadas por la comunidad educativa. Con este proceder, con estas formas, lo que demuestran por encima de todo es "lo poco que le importan a Cavada y su gobierno los niños y niñas del colegio y que antes que su bienestar está la guerra partidista contra la Junta".
“Cavada con su mayoría absoluta ha ignorado las alegaciones de la comunidad educativa con informes que confirman el mal estado en especial de las cubiertas pero no su ruina. Declarar unilateralmente este estado es evadirse definitivamente de las responsabilidades que el Ayuntamiento tiene sobre el mantenimiento y la conservación del actual centro, al igual que la tiene con el resto de colegios públicos. Este Gobierno local siempre ha sido parte importante del problema en vez de ser la solución. Si bien corresponde a la Junta las actuaciones estructurales, mantener adecuadamente el centro es competencia municipal y está claro que la falta de mantenimiento durante estos años ha sido determinante para acelerar el deterioro. Valga como muestra de la negligente gestión la liquidación del último presupuesto. De la partida de 500.000 euros para mantenimiento y conservación de colegios más del 40 por ciento no fue gastado, 215.246,22 euros”, explica Romero.
El Ayuntamiento es propietario del suelo del colegio y renuncia a su mantenimiento declarando en ruina el edificio principal mientras, tal y como se aclaraba hace días desde las redes sociales municipales en respuesta a una ciudadana, ofrece a la Junta otro suelo para reubicar el colegio sin que oficialmente sepamos nada. Y en otra respuesta desde las redes sociales municipales se asegura que “El edificio ha sido declarado en ruinas, hay que derribar el edificio y hacer uno nuevo ya que los arreglos no sirven de nada y las labores de mantenimiento del Ayuntamiento no son suficientes”, relata el portavoz. “Que las labores de mantenimiento no han sido suficientes es una evidencia. Lo que nos parece de una desfachatez inaudita es que se reconozca públicamente. Por otro lado, el edificio principal está catalogado como protegido y su demolición no será tan sencilla ni inmediata”, detalla el portavoz.
Respecto de ese convenio del que habla el Gobierno local que ha ofrecido a la Junta nada sabe la comunidad educativa que lo ha solicitado en aras de la transparencia debida. Es positivo conocer esa aparente oferta municipal, entre otros motivos, por saber si el hecho de ofrecer una nueva parcela quiere decir que la anterior quedaría descartada para su uso educativo, quedando libre, por ejemplo, para la construcción de viviendas por parte de un promotor privado. Sin ir más lejos muy cerca se va a desarrollar una nueva promoción de viviendas que requerirá de mejorar y ampliar el colegio para dar la oportuna respuesta escolar. Apostamos por barrios vivos con equipamientos públicos y dinamismo del pequeño y mediano comercio frente al modelo socialista centralista de barrios zombis que sólo piensa en lo que rodea al Palacio Consistorial”, detalla el andalucista.
“Cavada y los suyos han actuado de manera irresponsable, abandonado a su suerte el mantenimiento del Colegio San Ignacio y pasando de invertir en este centro el dinero necesario para poder dedicárselo a los eventos, caprichos y proyectos faraónicos que han demostrado ser su prioridad electoralista. Los docentes, alumnos y familias de colegio San Ignacio no se merecen este tratamiento por parte de su administración más cercana. Ni siquiera da la cara la señora Cavada. Se merecen por parte de Ayuntamiento y Junta de Andalucía certidumbre y soluciones, necesitan una solución inmediata a la situación del comedor porque, por ejemplo, mañana la climatología será muy adversa para que los niños y niñas anden la distancia entre ambos colegios. Y por supuesto requieren de un compromiso de inversión de las dos administraciones para que las instalaciones respondan al nivel educativo que viene demostrando el colegio desde hace años. Agradecer por último el compromiso y valentía del AMPA y de la comunidad docente que está luchando porque se haga justicia y se mantenga el colegio en el barrio porque la Ecoescuela San Ignacio está más viva que nunca”, concluye Romero.
