El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado la sentencia en la que, con fecha del pasado 19 de enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Cádiz desestima, respectivamente, los recursos interpuestos por la ex delegada de Urbanismo, Claudia Márquez, del anterior Gobierno de Cavada contra los decretos de 28 de marzo y de 22 de julio de 2022 emanados de los informes de los técnicos municipales que recogían las irregularidades urbanísticas cometidas en las obras efectuadas en su casa. Sentencia que impone igualmente las correspondientes costas procesales.

“Dichas irregularidades tuvieron lugar en todo momento con la complicidad de Cavada, quien autorizó por decreto la ejecución de las obras de su compañera el 11 de junio de 2020 al que mantuvo en el gobierno todo el mandato. Por otra parte, recordemos como el 12 de mayo de 2022 el señor Rodríguez aseguraba que no hay caso, que no puede hablarse de indicios de comisión de delito alguno, hablaba de campaña de acoso y me exigía unas disculpas públicas. Pues bien, finalmente la Justicia ha hablado y con ello podemos decir, objetivamente, que siempre ha habido caso, que las evidencias de ilicitud son ciertas y verdaderas y nos preguntamos si habrá una disculpa pública por parte del Gobierno local”, explica Romero.

Respecto de la complicidad de Cavada hay que recordar igualmente, una vez más, sus palabras en una entrevista publicada el 18 de septiembre de 2022, en la que que afirmaba que lo ocurrido en la vivienda es una cuestión de discrepancias técnicas y que “obtuvo autorización para realizar las actuaciones, pero luego por determinadas cuestiones se ha revisado”. Pues bien, "Cavada mintió: nunca hubo licencia para realizar las obras de ampliación que se han ejecutado y nunca se cambió de criterio alguno por parte de los técnicos sino una actuación a raíz de haberse detectado falsedad en el documento técnico aportado, manteniendo en el gobierno a una concejala que recurrió los informes de sus propios técnicos”, concluye Romero.

La sentencia ratifica los informes municipales técnico y jurídico, del 2 de junio y el 20 de junio de 2022 respectivamente, que confirmaban las muchas irregularidades que rodearon este caso. “Se ocultó información a los técnicos municipales, se falsearon planos y documentos y hubo un claro aprovechamiento de cargo público”, señala el andalucista. Romero recuerda que el informe del arquitecto municipal recoge la siguiente aseveración: “Se ha ejecutado una ampliación volumétrica sin título habilitante constatando que el estado actual de la finca en el momento anterior a la actuación no era el reflejado en el proyecto que presentó el interesado”. Y hasta en tres ocasiones, y esto era realmente grave, reiteraba el arquitecto municipal “falsedad del plano del estado actual que sustenta la actuación”.

En ese sentido, la sentencia establece que conforme a los informes municipales emitidos se ha acreditado la existencia de un aumento del volumen de la edificabilidad no amparado ni por la Orden de Ejecución que se autofirmó ni por la declaración responsable de manera que es necesaria la obtención de licencia de obras así como la correspondiente autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio, dada su condición de bien catalogado por el planeamiento, todo con arreglo a la Ley.

"La Justicia ha hablado y ha dejado en evidencia el urbanismo deshonesto y la falta de transparencia del gobierno municipal de Cavada. Un gobierno que insistió en defender lo indefendible y al que ahora la Justicia comienza a poner en su sitio. Evidentemente, seguirán instaurados en su silencio prepotente y soberbio y no darán disculpas ni siquiera explicaciones de un lamentable episodio por el que una vez más se situaron por encima del resto de los isleños. Insistimos, éste es el Urbanismo del PSOE, un urbanismo que descansa en los pelotazos urbanísticos, la especulación, la ausencia de transparencia y probados intereses espurios que la Justicia por fin comienza a desenmascarar. Esperemos desde un punto de vista positivo que esta sentencia suponga un cambio en las políticas urbanísticas y que en el futuro se basen en la transparencia, la sensatez, la honestidad y la defensa de los intereses generales de la ciudad”, concluye Romero.