La Guardia Civil ha detenido en Barbate (Cádiz) a un hombre de 29 años acusado de cometer varios delitos de hurto, robo con violencia, intimidación, extorsión y usurpación de estado civil, y que invertía el botín de los robos en criptomoneda para dificultar el acceso a su patrimonio obtenido de manera ilícita.

La llamada operación Confido ha permitido arrestar a esta persona, sobre la que existían quince requisitorias judiciales, de las que diez eran de búsqueda, detención e ingreso en prisión por todo tipo de causas enjuiciadas en tribunales de varios lugares de España, según ha informado el instituto armado en una nota de prensa.

La detención se produjo cuando los guardias civiles del área de Investigación de Barbate tuvieron conocimiento de una serie de robos de vehículos cometidos en la zona de la Janda, que presentaban elementos comunes y que habían sido perpetrados por una o varias personas, con cierto nivel de profesionalización.

Los hechos se vieron agravados, al tener conocimiento los guardias civiles que, en varias ocasiones, los propietarios habían sorprendido in fraganti al autor y este había empleado la violencia o la coacción para terminar de consumar el robo, de forma que mantenía el contacto con las víctimas para disuadirles de que presentaran la denuncia o diera datos que permitieran a los agentes la identificación del autor.

Las investigaciones permitieron aclarar que el arrestado era un joven de San Fernando (Cádiz) que tenía otras causas judiciales en provincias como Zamora o Albacete, y que se había establecido en un complejo rural de Barbate, donde se ocultaba.

La Guardia Civil pudo descubrir que, tras cometer sus numerosos robos, vendía su botín a terceras personas y exigía que el pago se realizase en un monedero virtual de criptomonedas para dificultad a las fuerzas de seguridad el acceso a su patrimonio.

La operación continúa abierta ya que los agentes están recuperando vehículos y material robado en numerosas localidades de la provincia de Cádiz, de ahí que también se haya abierto una investigación para imputar un delito de recepctación a los compradores que adquirieran esta mercancía aún sabiendo su origen ilícito.