Cuando se cumple un año de la firma de la “hoja de ruta” de las nuevas relaciones con Marruecos, muchos de los asuntos están ya encaminados, pero los más conflictivos, como las aduanas de Ceuta y Melilla, los espacios aéreos o las aguas territoriales, siguen varados o en procesos de negociación rodeados de gran discreción.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI acordaron el 7 de abril de 2022 una “declaración conjunta” que detalla 16 asuntos clave para sentar las bases de una relación “duradera y ambiciosa” que busca "evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía", explicó Sánchez.
Casi un año después, los pasados días 1 y 2 de febrero, España y Marruecos celebraron la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) desde 2015, que debía servir para escenificar la recuperada relación y que quedó deslucida por la decisión del rey marroquí de no interrumpir sus vacaciones para recibir a la delegación española y porque no se firmaran todos los acuerdos previstos.
Así, de los 24 memorandos anunciados se firmaron 19, en asuntos como la cooperación educativa, empresarial, de impulso de inversiones, agua, enseñanza del español, turismo o de “Partenariado verde”.
Materias más enjudiosas, como la inmigración ilegal o el terrorismo no merecieron un acuerdo, sino tan solo palabras de aliento y declaraciones de intención de “intensificar su cooperación” y de felicitación por los avances logrados.
“Se ha avanzado en los temas menores, los de lucimiento, pero poco o nada en los que de verdad importan a España”, asegura la portavoz del PP en Asuntos Exteriores, Valentina Martínez, quien ha registrado decenas de preguntas parlamentarias sobre las aduanas, la delimitación de fronteras marítimas, la instalación de piscifactorías en aguas de Chafarinas o el espacio aéreo del Sáhara.
Y las respuestas del Gobierno son todas escuetas e imprecisas argumentando la necesidad de “paciencia y discreción”.
Las mismas respuestas que recibe el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo, que insiste una y otra vez en preguntar sobre las leyes aprobadas por Marruecos que se adjudican aguas territoriales supuestamente canarias, o sobre la posible cesión a Marruecos de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental.
GIRO DE 180 GRADOS
También quedan sin explicación las preguntas sobre el uso del sistema Pegasus para espiar a miembros del Gobierno español entre ellos el propio presidente, Pedro Sánchez.
Pese a que los europarlamentarios que investigan ese asunto consideraran "plausible" que fuera Marruecos quien estuviera detrás, fuentes gubernamentales insisten en calificar de "mera especulación" cualquier intento de situar al país vecino en el espionaje con el sistema Pegasus.
El Gobierno reitera también que nada tiene que ver el hecho de que un tercer país accediera a información de los móviles de Sánchez y sus ministros con que meses después el presidente diera un giro de 180 grados en la política española sobre el Sáhara Occidental y pasara de la neutralidad al apoyo a las tesis marroquíes.
Si bien el Ejecutivo asegura una y otra vez que no ha habido cambios en la posición española, los marroquíes aprovechan cualquier oportunidad para felicitar al presidente por su cambio de posición y agradecer el apoyo español a su propuesta de autonomía para la región.
El último, el propio jefe del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, en la RAN de febrero cuando elogió la “valentía y realismo histórico” demostrado por Sánchez al apoyar el plan marroquí como “la base más seria, realista y creíble para arreglar un conflicto inventado”.
De hecho, en todos los documentos y declaraciones oficiales del último año se menciona expresamente el reconocimiento de la importancia que tiene para Marruecos la cuestión del Sáhara pero en ninguno se menciona a Ceuta y Melilla.
FRONTERAS Y ADUANAS
Lo cierto es que en la Declaración Conjunta de la RAN ni siquiera aparecen la palabras “frontera” o “aduana”, tan solo el “compromiso con la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada”.
Hace un año, la hoja de ruta precisaba que el restablecimiento del tránsito incluiría “los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo” sin especificar dónde.
El Gobierno explicó que ese punto implicaba la apertura de fronteras y aduanas en Ceuta y Melilla, algo que, según dijo en marzo de 2022 el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sucedería “en los próximos días”, una expresión que pronto cambió por “en breve”.
El tránsito de personas se restableció a lo largo de los siguientes meses, no así el de mercancías que sigue en fase de “pruebas piloto”.
ESPACIOS MARÍTIMOS
Otro de los “grandes hitos” de la nueva relación es el control de la migración ilegal, un asunto en el que el presidente del Gobierno ha asegurado que se ha reducido en un 25 por ciento por ciento.
Sin embargo, según el Ministerio de Interior, han aumentado los saltos a la valla, incluido el del 24 de junio pasado, cuando alrededor de 2.000 inmigrantes intentaron acceder a Melilla, con un resultado de al menos 23 muertos -otras ONG lo cifran en 37 fallecidos-, unos hechos que investiga la justicia.
El acuerdo de hace un año también detallaba la intención de “reactivar el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos”, pero nada ha trascendido del contencioso sobre la delimitación de aguas territoriales en la costa atlántica aprobada por Marruecos de manera unilateral.
Tampoco es público ningún avance a los problemas en aguas del Estrecho incluida la instalación de piscifactorías autorizadas por Marruecos en aguas de las islas Chafarinas, o el trasvase de hidrocarburos rusos entre buques frente a las costas de Ceuta, supuestamente permitidos por Marruecos y que Albares zanja asegurando que se realiza en aguas internacionales.
En cuanto a la “gestión de los espacios aéreos”, el Gobierno ha reconocido estar negociando con Marruecos la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, “en aras de conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica".
Se trata de un espacio aéreo que desde hace décadas está gestionado desde Canarias por orden de la Organización de Aviación Civil Internacional, dependiente de la ONU.
En resumen, como lamenta el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, la cumbre entre ambos países "no solo ha estado marcada por la falta de respuesta, sino que los dos gobiernos han anunciado su pacto de silencio para evitar lo que ofende a la otra parte", un comentario sobre la gestión migratoria, extensible a otros ámbitos de la relación.
