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Piden adaptar las ordenanzas a un lenguaje no ofensivo hacia las personas con discapacidad

La edil del PP, Malu del Río, indica que el PSOE mantiene en documentos oficiales palabras ofensivas para el colectivo

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  • Malu del Río. -

La concejala del PP isleño, Malu del Río, ha solicitado al gobierno de PSOE y Ciudadanos que los textos de las normativas y ordenanzas municipales vigentes, para adaptarlos a un leguaje no ofensivo hacia las personas con discapacidad. Así, Del Río pone como ejemplo un artículo de las ordenanzas de Medioambiente, vigente en la actualidad,  y que dice textualmente:

artículo 17.-Circulación de carros de Inválidos.

            Los vehículos de inválidos que desarrollen velocidades no superiores a 10 km/h podrán circular por los paseos peatonales de los parques y jardines, sin ocasionar molestias a los paseantes, siendo estos los que tienen la preferencia.”

“El uso y la intencionalidad que se le dé a las palabras pueden alterar el significado de aquello que quiere expresarse. Podemos integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores. Palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a las personas con discapacidad”, asegura la edil.

“Ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete. Nuestra discapacidad es una característica más de las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer”. Por eso, es importante anteponer la palabra persona, siendo ‘persona con discapacidad’.

Esta demanda no solo tiene su fundamento en la protección de la dignidad de las personas con discapacidad para que sean reconocidas como personas primero; sino que, además, tiene como objetivo cumplir con las obligaciones que internacionalmente adquiere el Estado español al adherirse a determinados instrumentos internacionales. Puesto que al ser parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cumplimiento de las obligaciones que en él se consagra, debe incorporar en su ordenamiento jurídico la terminología en él usada.

 

 

 

 

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